Ley de Tránsito frente a conductores ebrios que causan muertes o lesiones ( Fiscal regional Atacama Alexis Rogat Lucero)
La muy lamentable muerte de la pequeña Emilia Silva en enero del año 2013, luego de un accidente de tránsito cuyo responsable conducía en estado de ebriedad, generó un amplio movimiento social que motivó un trabajo legislativo que modificó las sanciones penales en contra de quienes cometen muertes o lesiones manejando ebrios.
Fue así como, a partir del 16 de septiembre del año 2014, la denominada “Ley Emilia” comenzó a operar en el país, modificando el artículo 196 de la Ley de Tránsito. Ampliando las sanciones penales en contra de aquellos conductores que, habiendo consumido alcohol, causaran lesiones o muertes con ocasión de accidentes de tránsito. Impidiendo que éstos fueran condenados a penas menores y que fueran cumplidas en libertad.
Los cambios aplicados a partir de esta modificación bajaron, además, los límites de alcohol permitidos en la sangre para los conductores e incorporó la sanción de cancelación de la licencia de conducir. Estableciendo también una nueva figura que establece como delito darse a la fuga del lugar del accidente y negarse a realizar el alcohotest o alcoholemia. Respecto de las penas para quienes causen la muerte guiando un vehículo en estado de ebriedad, actualmente se establece que este conductor deberá permanecer a lo menos un año privado de libertad, mientras que las penas a las que se arriesga van desde los 3 años y un día a los 10 años de cárcel.
Lo expuesto se encuentra actualmente vigente en el país y se aplican de acuerdo a los antecedentes de los delitos que se cometen con ocasión de la conducción en estado de ebriedad con las consecuencias ya conocidas.
La Región de Atacama acaba de ser testigo de un grave accidente con consecuencias fatales que, lamentablemente, dejará huellas imborrables para una familia de Copiapó. Hecho que presentó claramente las características que dieron origen a los cambios en la Ley de Tránsito que hoy en día se conocen y aplican.
Este caso, desde el momento mismo de su comisión, comenzó a ser investigado de acuerdo a esos parámetros y bajo las modificaciones que fueron aplicadas a la Ley de Tránsito. Así las cosas el imputado, a solicitud de la Fiscalía de Atacama, quedó en prisión preventiva y, de acuerdo a los establecido por el Tribunal, durante un plazo de tres meses se deberán reunir los medios de prueba y realizar los peritajes científicos necesarios que lleven a sustentar la acusación para las etapas posteriores de esta investigación.
Luego de ello, y con los análisis jurídicos respectivos se adoptarán las decisiones que esperamos sean las más idóneas para conseguir la sanción penal que un acto de esta gravedad merece.
.
