Hemos vivido en estos últimos años muchos cambios a nivel nacional y mundial, en el entorno económico, político, social, cultural, ambiental y legal, y si analizamos cada uno de estas áreas, en casi todas existe una crisis que genera inestabilidad que afecta a todas las personas, y por supuesto que también impacta en el funcionamiento de las empresas. Si nos centramos en ellas, son varias las aristas que tienen que enfrentar las organizaciones para sobrevivir en el día a día, generando ventas que le permitan mantener las utilidades. Una manera fundamental para lograrlo, con el escenario de cambios actual, es mirar lo que pasa en el entorno, a modo de ir modificando las estrategias, de lo contrario se pone en riesgo la continuidad de la organización.

Cuando hablamos de estrategia empresarial, surge inmediatamente el nombre del autor Michael Porter, quien plantea varias herramientas que permiten analizar el entorno, tanto externo como interno. Se sabe que cuando una organización genera estrategias, estas son implementadas de forma interna, y para ello se deben considerar las fortalezas y debilidades que se tienen, lo que permitirá llevar a cabo las distintas acciones planificadas. Tan importante como esto, es preocuparse también de lo que está pasando fuera de la empresa, ya que ahí existen oportunidades que podemos aprovechar y amenazas de las que nos tenemos que defender.

Para que una empresa tenga éxito en este contexto, se deben tener en consideración algunos aspectos relevantes como lo son: el cliente, con la necesidad que tiene y lo que este valora cuando la satisface, y el entorno externo, para poder ver la mejor estrategia a seguir considerando todos los factores mencionados.

El pleito iniciado por Chile con Bolivia el 2016, ante la Corte Internacional de Justicia, sobre el río Silala, invocando el Pacto de Bogotá (1948), que le otorgaba competencia, concluyó por sentencia de 1º de diciembre en curso. En apretada síntesis, en lo principal, determinó que el Silala es un curso de agua internacional entre ambos países, y se rige por el Derecho Internacional consuetudinario. Chile obtuvo dicho reconocimiento, contradiciendo el que sólo les pertenecía soberanamente. Durante el caso, Bolivia varió de postura y, en parte, reconoció que había aguas internacionales que fluían naturalmente, como sosteníamos. El fallo deja atrás las acusaciones del Ex Presidente Evo Morales, de que las “robábamos”, “como piratas”. En consecuencia, la Corte  reconoce que Chile tiene derecho a la utilización equitativa y razonable del sistema hidrográfico, no es un simple manantial, y podemos continuar aprovechándolo como lo hacemos actualmente, sin indemnizaciones. La Corte aseveró que no está obligada a establecer tal utilización. Eso sí, confirmó que hay obligación boliviana de prevenir y limitar, todo perjuicio resultante sobre el recurso, o efectuar actividades en su proximidad, así como, notificar y consultar cualquier impacto, según el derecho vigente, tal y como Chile siempre sostuvo.

Las incógnitas probables estaban sobre las tres reconvenciones bolivianas (contrademandas), que presentó para responder a la demanda chilena, y que podrían haber abierto otros frentes de discordia. La Corte las aceptó procesalmente y Bolivia las defendió en su Contramemoria, según el reglamento aplicable. Buscó plantear temas adicionales al principal. Resumamos sus argumentos y resultados: 1ª. Reconvención: Derecho de Bolivia de desmantelar las mejoras y drenajes artificiales que potencian el recurso. Chile lo reconoció. La Corte decidió que la controversia carece de objeto, y no se pronuncia al respecto. 2ª Reconvención: Soberanía boliviana sobre las aguas artificialmente mejoradas o habilitadas. Como no pretendía dominio absoluto, ni Chile lo objetaba, la Corte dictaminó que el tema quedó sin objeto, por lo que no se pronuncia en establecerlo. 3ª Reconvención: Bolivia requirió un acuerdo para otorgar a Chile dichas aguas. Como es un caso hipotético, futuro, y Chile no lo objetó, la Corte señaló que no tiene competencia y la rechazó.

Un pleito que ha sido abordado como política de Estado, ha tenido un resultado excelente. Queda por verse la reacción de Bolivia, y sería deseable que con este segundo caso ante la Corte y su clara sentencia, terminen los diferendos con Bolivia y atendamos los múltiples temas propios de nuestra vecindad. Está en sus manos.

En el marco del debate sobre la legalización del aborto de niños y niñas con S. de Down, no es posible avalar definiciones restrictivas, inhumanas y fuera de los acuerdos sobre derechos humanos. En las últimas décadas la vida de las personas en situación de discapacidad, entre ellas, niños, niñas, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, se ha visto favorecida gracias a las políticas públicas y las prácticas de las organizaciones en el mundo entero. Ejemplo es el primer tratado internacional del siglo XXI con la Convención Internacional de derechos humanos de personas con discapacidad del 2006 y en Chile, con la Ley de Inclusión social N° 20.422 del 2010, acentuando el pleno acceso a las distintas esferas de la vida, entre ellas la salud, la educación y el trabajo.

En este contexto, la existencia del Programa de formación socio laboral, Prufodis de la UCEN, que desde el año 2006 recibe a jóvenes mayores de 18 años, permite mostrar a la sociedad que jóvenes con S. de Down y otros, presentan intereses y necesidades equivalentes, con inquietudes y capacidades que se van desarrollando con el debido acompañamiento profesional y familiar, y donde la diferencia radica principalmente en las barreras del medio y los prejuicios, que muchas veces detienen o limitan mayores avances.

Ingresar a la educación superior y compartir un espacio de diversidad de personas, permite ver el aporte de una comunidad y de un programa que aun no contando con el reconocimiento equivalente a un programa regular para optar a los apoyos estatales, transforma la vida de las personas, quienes avanzan notablemente en su autonomía, independencia y calidad de vida en general, para optar a un puesto de trabajo o continuar estudios, aprendiendo a desenvolverse por sí solos, conociendo más de sus derechos y deberes y le enseña a la propia comunidad universitaria, la relevancia de formarnos, no solo en conocimientos, sino en una convivencia social inclusiva.