PAÍS
Tercer retiro del 10%: Las posturas de presidenciables y parlamentarios ante un inminente debate en el Congreso
A horas de que terminara el año legislativo 2020 el diputado Jaime Mulet (FRVS) apareció frente a los periodistas que cubren el Congreso Nacional con unos papeles en la mano. El documento que contaba con la firma de al menos otros cinco legisladores de oposición y fue ingresado a la Oficina de Partes de la Cámara, contenía la propuesta para un tercer retiro del 10% de los fondos de ahorro previsionales, concretando así la idea que ya venía rondando en algunos parlamentarios de la centroizquierda.
Desde ahí el tema no ha salido de la palestra, más aún cuando la situación económica no ha mejorado y está permanentemente tensionada ante una posible nueva ola de contagios de covid-19 -con las limitaciones respectivas como las cuarentenas- pese a la esperanza que ha entregado la vacuna y sus 3.300.000 personas ya inoculadas. Esto enmarcado con que en la oposición alegan que las ayudas implementadas por el Gobierno, como la renovación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Bono Covid entre otras, no son suficientes.
Una de las últimas en pronunciarse fue la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón. Quien pese a que a mediados del mes pasado había señalado que era una «irresponsabilidad» promover una idea de este tipo, ahora cambió el tono y aseguró que «lo vamos a aprobar». Según dijo ella no será «el obstáculo» para que este proyecto en «inminente» aprobación, avance. Su postura se vuelve trascendental no solo por ser la abanderada a La Moneda de la falange, lo que podría presionar a los miembros de su partido que mantengan dudas, sino que además porque ella asumirá la presidencia de la comisión de Hacienda del Senado.
Otro aspirante al sillón presidencial, el timonel del Partido Radical Carlos Maldonado, también zanjó de qué vereda está y apuntando a la «inacción» del Gobierno dijo estar a favor. «Nuestra postura es que si el Gobierno no ofrece un paquete de ayudas completo, suficiente, sin letra chica, que incluya a la clase media, a los parlamentarios no les queda más que apoyar el tercer retiro», sostuvo. En el Congreso, previo a que mañana se inicie un nuevo año legislativo teniendo sesiones de Sala ambas cámaras, ya se han tomado definiciones.
La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) ha sido una de las más enfáticas en señalar cómo actuará si se tramita. En conversación con Radio Universo, dijo hoy que «el retiro del 10% siempre es una alternativa a la situación de tanta precariedad que está viviendo el país, así que enfrentados al debate del proyecto, yo por cierto que voy a aprobar como he aprobado los otros dos proyectos anteriores».
Consultada si mantendrá su votación pese al fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el segundo retiro impulsado por diputados, obligando al Gobierno a impulsar un proyecto propio, Muñoz explicó que «eso depende de la tramitación, porque esto tiene origen en la Cámara, si la mesa la define como admisible al debate y llega al Senado, tenemos que enfrentar el debate». Y recordó además que ese fallo solo se refirió a esa discusión y si el Ejecutivo quisiera insistir en esa tesis, tendría que presentar un nuevo requerimiento.
Desde su mismo partido y también dentro de la comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos Weber, se mostró incómodo con la eventualidad de que un tema así pueda prosperar y señaló que las posibilidades dependerá de cómo actué La Moneda. «A mí nunca me gustó ningún retiro para ser franco», dijo el PPD en conversación con EmolTV recalcando que ahora serían menos personas las beneficiadas ya que tres millones de personas se quedaron sin fondos tras el primer y segundo giro. «Espero volver a conversar con todos mis colegas, los de la vereda de al frente, para ponernos de acuerdo (…) Esperaría a que en esto volviéramos a lo importante, las ayudas del Gobierno», dijo apuntando a que «los chanchitos se acaban, ahora no es tercer retiro o nada, es ayudas del Gobierno».
Chile Vamos Por otro lado, y muy distante a lo expuesto por su par del Senado, el presidente de la Cámara, diputado Diego Paulsen (RN) insistió en su rechazo a la iniciativa y entre sus argumentos está el fallo del TC. «Es la peor política pública que hemos hecho en la Cámara en el último tiempo», señaló en Radio Pauta. «No me parece que sigamos presentando, además, reformas constitucionales donde ya una institucionalidad vigente como es el Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional», puntualizó el oficialista.
También desde su partido, el jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Sebastián Torrealba, comentó que en la reunión de coordinación en la que participó esta mañana en La Moneda se conversó sobre este tema y él le solicitó a los ministros que el Gobierno acuda «rápidamente» al TC. «Ya hubo un proceso como ese en el segundo retiro y es evidente cuál va a ser el resultado. Aquí lo que hay que detener es el populismo previsional que tiene efectos nefastos en las pensiones de los chilenos y en la economía del todo el país y, por lo tanto, no se puede estar jugando con el bolsillo de los chilenos», declaró. De todos modos el diputado enfatizó que «el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo con respecto a las familias chilenas que están sufriendo los efectos de la pandemia».
Otro actor relevante que salió a manifestar su postura fue el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones y ahora candidato presidencial de Evópoli. Recordando cómo enfrentó los dos retiros anteriores siendo parte del gabinete y al mando de la cartera que tramitó ambas iniciativas, advirtió las consecuencias. «Por su puesto que uno empatiza con las personas, hemos vivido un momento difícil de mucha angustia y como lo he dicho antes uno no es nadie para juzgar las necesidades y los usos de estos fondos por parte de las familias. Pero como lo hice ayer, lo hago hoy día es mi deber advertir que esto no es gratis, tiene costos, tiene costos en pensiones», declaró.
El abanderado de uno de los partidos de Gobierno puntualizó que «no me voy a dar vuelta la chaqueta por conveniencia, nunca lo verán en mi, porque hay que ser consistentes, hay que hablar de frente, hay que hablar con la verdad, única forma de generar confianza y credibilidad». También desde Chile Vamos, la carta presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se pronunció al respecto y dijo que no hay que anticiparse sin escuchar la propuesta que trabajan los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda y de Desarrollo Social, Karla Rubilar, sobre «apoyos a la ciudadanía con fondos públicos».
«La gente me dice ‘¿oiga qué pasa con el 10%?’ y muchos de los que me preguntan no tienen un peso en sus cuentas», dijo emplazando a la diputada Pamela Jiles (PH) quien es también una de las impulsoras de las iniciativa. Al ser consultado sobre si entonces está en contra del proyecto respondió que «yo no he dicho eso. Lo que he señalado es que es necesario una ayuda para todos y todas las chilenas, necesitamos una ayuda urgente a los ciudadanos de este país, un bono de salida de la crisis sin tanta segmentación y ni requisitos (…). Eso ojalá se haga con recursos públicos y no sacando la plata de los bolsillos de los ciudadanos de nuestro país».
El análisis de La Moneda En tanto, desde el Gobierno ante la posibilidad de que este proyecto pudiera avanzar, ya se ha señalado internamente cómo lo enfrentarán y lo harían acudiendo nuevamente al TC, buscando frenar su entrada en vigencia. El vocero de La Moneda, ministro Jaime Bellolio, cuestionó que se impulsen políticas que son para «ganar un poquito en redes sociales, pero que después hacen daño». «Creemos que tiene que haber un ánimo de acuerdo en la reforma de pensiones», apuntando a las personas que ya no tienen recursos en sus cuentas y asegurando que se podría haber mejorado la jubilación de los afiliados.
«El IFE ya no va a ser hasta febrero como era inicialmente, sino que va a ser hasta marzo y abril y sí estamos viendo distintos instrumentos para personas de clase media, sabemos que hay personas que no se han recuperado (…). Van a haber ayudas en esa línea», dijo en Radio Infinita planteando que un proyecto del tercer retiro tendría un costo para el Estado de US$600 millones por lo que «no es una lógica de ayudar necesariamente a las personas más vulnerables».
