Pese a la actitud de superioridad moral realizadas por diversos personeros del actual Gobierno cuando estaban en campaña y a que el artículo octavo de la Constitución establece que el ejercicio de la función pública obliga a respetar el principios de probidad, a poco más de un año en el poder, empezamos a enterarnos de graves hechos de corrupción.
Lo que comenzó como un eventual conflicto de intereses que involucra a una diputada, su ex pareja y su ex jefe de Gabinete, terminó destapando una fórmula utilizada en muchas regiones del país, para, por la vía de asignaciones directas, burlar los controles de Contraloría y entregar recursos a organizaciones cuya única credencial es la cercanía política a los partidos del Gobierno.
En ese momento, hicimos lo que debíamos: entregar todos los antecedentes a Contraloría y solicitar investigaciones por la vía judicial. Esperamos ver frutos de este trabajo y que los culpables tengan las sanciones administrativas y penales que correspondan.
Pero debemos avanzar aún más para enfrentar esta crisis de probidad. Por lo mismo, esta semana ingresé un proyecto de ley que contiene modificaciones a la Constitución, para prohibir el acceso a cargos de elección popular o a la administración del Estado a personas que hayan sido condenados por delitos contra la probidad.
El llamado Caso Convenios vino a profundizar la desconfianza existente de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y autoridades, al ver que 32 mil millones que podrían haber sido destinados para obras y programas sociales, terminaron beneficiando a un grupo de cercanos a la actual administración o para promover una agenda política con recursos públicos.
Nosotros, como parlamentarios, debemos ser los primeros en buscar todos los cambios posibles para garantizar el resguardo del principio de probidad y recobrar la confianza en la clase política, a través de esta prohibición constitucional a los condenados por crimen o simple delito contra la probidad para acceder a cargos de elección popular y a empleos en la administración pública.
Nuestro propósito es garantizar a nuestros ciudadanos que tendrán autoridades con mayor grado de responsabilidad en las decisiones y actuaciones que ejercen en el día a día, cerrándole la puerta a la corrupción y a otras modalidades delictivas que pueden tener lugar dentro del Estado.
