Tras más de un año de espera, esta semana finalmente el Gobierno dio a conocer su propuesta para el desarrollo de la industria del litio. Junto con desechar la idea de crear una “Empresa Nacional del Litio”, anunció que los salares de Atacama y Maricunga serán administrados mayoritariamente por el Estado, que el 33% de los salares será destinado a protección ambiental y que el 18% será para los privados.
Si bien el anuncio ayuda a dar mayores certezas para que la industria invierta, una vez más llega tarde, porque el boom del litio ya pasó, así lo demuestran las cifras. Tras una explosiva alza en el precio en 2022, donde llegó casi a los 70 mil dólares por tonelada, bajó a 46 mil en 2023.
Al hacer el anuncio, el Ministro Marcel afirmó que la producción de litio nacional aumentará en 100% de aquí a diez años, lo que por supuesto generará muchos ingresos para el fisco, pero el Consejo Fiscal Autónomo le ha pedido (una vez más) cautela en sus proyecciones.
En la misma línea, la semana pasada, Marcel celebró el 0,2% de crecimiento de la economía chilena en el año pasado, lo que no sólo es exagerado, sino que demuestra una falta de empatía y desconexión brutal con la gente, que en sus casas ven cómo mes a mes el dinero se diluye. En especial en Atacama que ya está en el 10% de desempleo y en donde las más perjudicadas son las mujeres.
De hecho, las cifras indican que Boric registra el peor desempeño económico de un Gobierno desde 1990. Mientras el de Eduardo Frei tuvo un crecimiento de 10,6% en su segundo año y el de Piñera un 6,1%, el año pasado sólo crecimos 0,2%. La verdad es que esta cifra es decepcionante y no hay nada que celebrar, porque afecta directamente la calidad de vida de las personas y sus oportunidades.
Además, tuvimos una fuerte caída en la inversión en 2023 (5,3), lo que demuestra que el problema está lejos de resolverse y que al menos a corto plazo, se sigue profundizando. Esto es responsabilidad de la reforma tributaria del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, con la eliminación del DL 600, el más exitoso incentivo a la inversión extranjera que ha tenido el país, del fondo de utilidades tributables y la semi-integración del sistema tributario. Todas estas medidas fueron promovidas y respaldadas por quienes forman el actual gobierno, y en dos años han dejado en claro que insisten en defenderlas y en querer profundizar este tipo de políticas. Al final, ni los chilenos ni los extranjeros están invirtiendo en Chile.
El mismo Presidente reconoció que cuando elaboraron su programa de Gobierno no creían en la importancia del crecimiento económico, pero que con el avance de estos dos años se dio cuenta que debe ser uno de sus ejes prioritarios. La grave situación económica exige políticas públicas que reviertan el estancamiento y la baja en la calidad de vida de las familias de forma urgente.
Y en este escenario, temas como el aumento de impuestos a las personas, los cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental y la agenda contra la permisología deben replantearse, teniendo como eje un mayor crecimiento que permita crear más empleos y mejorar los sueldos de los chilenos.
Lamentablemente, por su fervor ideológico una vez más llegaron tarde y perdieron tiempo valioso para aprovechar el boom del litio. El que pierde es Chile y su gente, no ellos.
