Una nueva revelación en la investigación del caso ProCultura, una de las aristas del Caso Convenios, involucra al Presidente Gabriel Boric. Según información publicada por Emol, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó ante el tribunal la intervención del teléfono del Mandatario, basándose en declaraciones del psiquiatra Alberto Larraín, director de la ONG, quien habría señalado haber destinado fondos a la campaña presidencial.
De acuerdo al medio, el persecutor expuso: “Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir, la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República”.
El tribunal, sin embargo, rechazó la solicitud de interceptar el teléfono del Jefe de Estado. No obstante, este viernes se conoció una conversación entre Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Larraín, registrada por la PDI en el marco de la investigación. En ese diálogo, el Presidente afirmó no tener “nada que esconder”.
El fiscal Cooper también fundamentó su requerimiento en otra conversación, esta vez entre Patricia Ilonka Csillag Pimstein y Constanza Gómez Cruz —ambas imputadas y vinculadas a ProCultura— con una mujer identificada como Lucía. En dicho intercambio, Lucía habría relatado que Larraín, al ser requerido de un pago, respondió: “Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
A ello se suman otras circunstancias descritas por el fiscal, como la cercanía política entre Larraín y el Presidente. En su escrito, Cooper destaca además el notable aumento en los convenios firmados entre ProCultura y el Estado: mientras en 2020 y 2021 los montos ascendieron a $181.676.386 y $316.849.723 respectivamente, en 2022 y 2023 —ya bajo el actual gobierno— alcanzaron los $3.282.841.556 y $1.808.295.429.
“El aumento exponencial se puede explicar por la cercanía entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República y, por ende, el posible delito de tráfico de influencias que deriva en fraude al Fisco, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas”, concluyó el fiscal en su presentación.
