El gobierno de Israel reconoció este martes que sus tropas abrieron fuego contra civiles palestinos que aguardaban por ayuda alimentaria en la Franja de Gaza, argumentando que las acciones se realizaron en respuesta a supuestas amenazas a la seguridad de los soldados. La admisión ha intensificado las críticas internacionales, en medio de acusaciones de crímenes de guerra.
Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, al menos 62 personas han muerto y cientos han resultado heridas en los últimos tres días mientras intentaban acceder a pequeñas cantidades de ayuda humanitaria en el enclave, gravemente afectado por el conflicto.
La viceministra israelí de Exteriores, Sharren Haskel, confirmó en conferencia de prensa que las tropas efectuaron disparos en las cercanías de los centros de distribución. No obstante, aseguró que los hechos ocurrieron “lejos del centro de reparto” y se debieron a que los soldados “se sintieron amenazados”. Agregó que algunos palestinos “tomaron rutas diferentes que pusieron en peligro a los soldados”.
El ataque más reciente ocurrió la madrugada de este martes cerca del centro de distribución en Tel al Sultán, en Rafah —el único operativo desde el viernes— y dejó un saldo de 27 muertos y más de 100 heridos, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde el inicio de funcionamiento de los nuevos puntos de reparto, el pasado 27 de mayo, al menos 102 personas han muerto por disparos israelíes mientras esperaban comida, según denunció Hamás.
Los centros de ayuda humanitaria están siendo gestionados por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), creada por Israel y Estados Unidos como alternativa a los mecanismos de asistencia de Naciones Unidas.
Desde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se exigió una investigación rápida e imparcial, al advertir que “los ataques dirigidos contra civiles constituyen una grave violación del derecho internacional y un crimen de guerra”. El portavoz Jeremy Laurence fue enfático al señalar que a los palestinos se les presenta una de las decisiones más crueles: “morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados al intentar conseguir comida”.
La ONU también recordó que impedir deliberadamente el acceso a alimentos y suministros básicos puede ser considerado un crimen de guerra, al igual que las declaraciones de líderes israelíes que han amenazado con vaciar Gaza de su población.
