La Sala del Senado aprobó este martes por unanimidad la nueva Ley de Notarios, una reforma que llevaba seis años en tramitación y que modifica aspectos clave del sistema notarial y registral del país. Pese a que el texto final no contempla la desnotarización masiva de trámites ni la creación de nuevas figuras de fe pública como los fedatarios —como se propuso en su versión original de 2018—, sí incorpora cambios estructurales en la fiscalización, designación de cargos y criterios de transparencia.
Uno de los principales avances es que las Cortes de Apelaciones ya no serán responsables de la fiscalización y nombramientos, tareas que pasarán a los fiscales judiciales y al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), este último en los aspectos relativos a la atención al público.
Además, la normativa establece inhabilidades estrictas para ejercer como notario, archivero o conservador, impidiendo que puedan asumir estos cargos personas con lazos familiares con autoridades políticas o judiciales, tales como senadores, diputados, ministros de Estado, subsecretarios o miembros del Poder Judicial.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que la nueva ley también establece horarios obligatorios de atención, regula los soportes digitales para documentos y fortalece el control sobre archiveros y conservadores a nivel nacional.
“Se cambia el sistema de nombramiento, como lo pidió la propia Corte Suprema, y se traslada a la Alta Dirección Pública. Además, se establecen nuevas reglas de inhabilidad para evitar conflictos de interés”, señaló Gajardo.
El debate por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago
Uno de los puntos más controvertidos fue la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, una propuesta que no fue votada en la Cámara de Diputados debido a un desacuerdo en la secuencia de votación acordada previamente en comisión mixta. A pesar de que el Senado sí abordó el tema, el hecho de que no haya sido tratado en la Cámara Baja impide que forme parte de la ley, dejándolo en un estatus simbólico.
El senador Pedro Araya (PPD) cuestionó duramente el procedimiento, señalando que se alteró el acuerdo legislativo original y que se desvirtuó el trabajo de la comisión mixta. Por esta razón, solicitó llevar el caso al Tribunal Constitucional, aunque su petición no alcanzó los 13 votos necesarios.
“Lo que hizo la Cámara altera la forma de votación y termina desvirtuando el acuerdo alcanzado. Aun cuando el Tribunal eventualmente diga que no procede el control, es importante dejar sentado el argumento para el futuro”, sostuvo Araya.
Pese a ello, la nueva normativa sí establece que el Ministerio de Justicia podrá solicitar la división del Conservador de Santiago, previa evaluación técnica del fiscal judicial de la Corte Suprema, lo que abre una posibilidad futura, aunque bajo nuevos criterios establecidos en el régimen general.
La reforma notarial despachada por el Congreso representa un avance limitado frente a las expectativas iniciales, pero marca un cambio significativo en la transparencia y fiscalización del sistema de fe pública, uno de los más cuestionados por la ciudadanía en las últimas décadas.
