El Ministerio de Educación de Perú informó que desde abril de 2024 hasta la fecha ha separado de sus cargos a 1.097 docentes y administrativos vinculados a condenas o procesos judiciales por delitos graves, entre ellos violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio y feminicidio.
Mediante un comunicado oficial, la cartera detalló que 169 trabajadores con condenas fueron retirados de manera definitiva, mientras que 928 que enfrentan procesos judiciales han sido separados de forma preventiva.
Entre los casos, 931 personas —807 docentes y 124 administrativos— presentan antecedentes por delitos contra la libertad sexual. Otros 82 trabajadores (69 docentes y 13 administrativos) están involucrados en delitos de terrorismo o apología del terrorismo; 22 por tráfico ilícito de drogas; y 20 por homicidio doloso.
Asimismo, se identificaron 12 docentes investigados o condenados por proposiciones sexuales a menores mediante tecnologías, dos docentes procesados por feminicidio, y un administrativo separado definitivamente por tener una sentencia por parricidio.
Del total de trabajadores separados, 961 pertenecían a colegios públicos y 136 a instituciones privadas.
“El Ministerio de Educación tiene como objetivo hacer de las escuelas lugares seguros. Trabajamos de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a todas las personas que representen un riesgo para los estudiantes”, afirmó el ministro Morgan Quero.
Casi 2.500 docentes bajo investigación
El Ministerio también reportó que actualmente 2.472 docentes se encuentran bajo investigación por delitos graves como violación, terrorismo o faltas muy graves. Estas personas han sido bloqueadas en el sistema de administración de plazas educativas para impedir su contratación en cualquier establecimiento.
De ese total, 470 trabajadores bloqueados corresponden a la UGEL de Condorcanqui, en la región Amazonas, escenario de un escándalo en 2023 por múltiples denuncias de abuso sexual cometidos por docentes.
La medida se enmarca en la Ley 29988, que establece acciones extraordinarias para personal educativo vinculado a delitos graves en instituciones públicas y privadas.
