La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó al Senado retomar la discusión y poner en tabla el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile, iniciativa aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados en enero de 2024.
A través de una carta dirigida a la presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, senadora Paulina Vodanovic (PS), los parlamentarios recordaron que la medida responde a la crisis migratoria en la zona norte. En el documento advirtieron que este fenómeno ha generado “la permeabilidad de la frontera norte” y permitido el ingreso de personas con antecedentes criminales en sus países de origen, vinculados a organizaciones transnacionales como El Tren de Aragua, Los Gallegos o El Cartel de Cali.
Reforma constitucional sobre regularización de migrantes
En paralelo, los diputados ingresaron una reforma constitucional que busca obligar al Ejecutivo a obtener autorización del Congreso para llevar adelante procesos de regularización extraordinaria de extranjeros irregulares.
Según recalcaron, decisiones de esta magnitud “no pueden quedar al arbitrio del Ejecutivo” y requieren la participación directa del Parlamento como órgano representativo.
La propuesta modifica el artículo 53 de la Constitución e incorpora un nuevo numeral 10, que otorga al Senado la atribución de aprobar o rechazar, en sesión especialmente convocada, cualquier proceso de regularización masiva.
Claves del proyecto de reforma constitucional
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Incorpora un nuevo numeral 10 en el artículo 53 de la Constitución, que obliga a contar con la aprobación del Senado para iniciar procesos de regularización extraordinaria.
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Impide que el Ejecutivo adopte esta decisión de manera unilateral.
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Refuerza el rol del Parlamento en definiciones de alto impacto nacional.
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Busca evitar un “efecto llamada” y entregar una señal de orden y seguridad en política migratoria.
Finalmente, los diputados de Renovación Nacional llamaron al Senado a avanzar con urgencia en iniciativas que apunten a enfrentar la migración irregular. A su juicio, estas medidas son necesarias para recuperar el control de las fronteras, garantizar la seguridad pública y responder a una de las principales preocupaciones ciudadanas.
