Las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo al alza del diésel cumplieron una semana este domingo, en medio de un escenario marcado por la violencia y las acusaciones cruzadas.
El saldo de la jornada dejó un manifestante fallecido, 12 militares heridos y 17 personas retenidas, mientras las comunidades indígenas denunciaron “represión” de las Fuerzas Armadas y el Gobierno acusó “emboscadas” contra convoyes militares.
La provincia andina de Imbabura continúa como epicentro de las protestas. En Otavalo, un millar de manifestantes atacó un destacamento policial, provocando destrozos en sus instalaciones e incendiando diez vehículos. Tras estos hechos, varios detenidos fueron procesados por terrorismo, entre ellos doce indígenas y dos ciudadanos venezolanos, a quienes el Ejecutivo vincula al grupo criminal transnacional Tren de Aragua.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó los incidentes como actos “terroristas” y denunció una emboscada a un convoy que transportaba ayuda hacia el norte del país. “No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde, ejecutada por estructuras criminales que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó. Y agregó: “Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza”.
Por su parte, la Conaie responsabilizó a las Fuerzas Armadas de la muerte de Efraín Fuerez, a quien atribuyen haber sido alcanzado por disparos militares. “Rechazamos el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas”, señaló la organización, que también denunció represión en La Esperanza, bloqueos de internet en Cotacachi y Otavalo, y un amplio despliegue militar en varias localidades.
El conflicto también afecta servicios básicos. La Empresa de Agua Potable de Ibarra informó sobre daños en la red de distribución, lo que ha provocado cortes y bajas presiones en sectores de Caranqui.
La raíz de las protestas está en la eliminación del subsidio al diésel decretada hace dos semanas, que elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La Conaie exige la liberación de los detenidos y la derogación de la medida, mientras el presidente Daniel Noboa se mantiene firme, asegurando que los fondos antes destinados al subsidio —cerca de 1.100 millones de dólares anuales— están siendo redirigidos a los sectores más vulnerables y que la eliminación golpea a grupos criminales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.
Las actuales protestas evocan las movilizaciones de 2019 y 2022, cuando la presión del movimiento indígena obligó a gobiernos anteriores a dar marcha atrás en decisiones similares relacionadas con los combustibles.
