La Cámara de Diputados despachó este lunes el proyecto que establece multas para quienes no acudan a votar en las elecciones, medida que regirá en los próximos comicios presidenciales y parlamentarios de este año.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno y previamente aprobada en el Senado, quedó lista para su promulgación y contempla sanciones de entre 0,5 y 1,5 UTM (equivalentes a entre 35 mil y 103 mil pesos al valor de septiembre). La medida será aplicable exclusivamente a los ciudadanos chilenos y tiene carácter definitivo.
En paralelo, se aprobó una reforma constitucional que entrará en vigencia a partir de 2026, la cual eleva de 5 a 10 años la residencia permanente exigida a los extranjeros para ejercer el derecho a sufragio.
El proyecto sobre multas fue respaldado por 127 votos, mientras que la reforma obtuvo 142, evidenciando un apoyo mayoritario dentro del hemiciclo. Sin embargo, se registraron votos de abstención y rechazo, incluso desde parlamentarios ligados al oficialismo.
Desde el Gobierno, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó la importancia del avance legislativo: “Hay que mirar siempre el vaso medio lleno, son votos minoritarios los en contra. Lo importante es que acá ha habido un amplio respaldo de todas las bancadas para materializar este acuerdo”. Añadió que se trata de un compromiso asumido por el Presidente Gabriel Boric y que permitirá “dar certeza sobre las reglas del juego para las próximas elecciones”.
No obstante, sectores de la oposición cuestionaron el proceso, acusando al Ejecutivo de haber condicionado ambas iniciativas. Según señalaron, la discusión sobre las multas por no votar pudo haberse resuelto con anterioridad, pero se “impuso” su tramitación conjunta con la reforma al voto extranjero.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió recordando que el Gobierno siempre planteó la necesidad de abordar ambos puntos en paralelo: la obligatoriedad del sufragio y los requisitos para la participación de extranjeros.
La diputada Joanna Pérez (Demócratas), una de las impulsoras del proyecto, reconoció avances pero no ocultó su molestia: “Hay una amplia mayoría, pero también hubo una imposición por parte del Gobierno. Lo aceptamos porque creemos en los acuerdos, y sin duda que esto ha sido bochornoso”.
En la misma línea, el diputado republicano Luis Sánchez criticó que la decisión llegara con retraso: “Aquí hubo un proceso de chantaje puro y duro. Estamos a pocas semanas de las elecciones y recién ahora pudimos resolver si habría multas. Lo importante es que a pesar de todo esto, tenemos multa”.
