
El régimen de Venezuela cumplió su advertencia y revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de “sumarse a acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos, en un contexto marcado por el aumento de la presión militar norteamericana en el Caribe.
Tras expirar el plazo fijado por las autoridades venezolanas, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informaron que la medida afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol. Estas compañías habían suspendido sus operaciones hacia y desde Caracas luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. recomendara a las aerolíneas extremar precauciones sobre el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe ante una “situación potencialmente peligrosa”.
Aunque el alcance real de la revocación está aún por definirse, la decisión podría limitar significativamente la conectividad aérea de Venezuela en pleno periodo previo a Navidad.
En la antesala del anuncio, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, recalcó que el Gobierno venezolano “decide quién vuela y quién no”, y sostuvo que el país “se reserva el derecho de admisión”. Añadió que se dio un plazo de 48 horas a las aerolíneas para retomar sus vuelos: “Si no reanudan los vuelos, no los reanuden más”.
Por ahora, mantienen operaciones en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena y las firmas locales Avior y Conviasa.
En paralelo, un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, lo que, según una fuente del Ministerio de Transporte citada por EFE, evidencia que “no hay peligro en el espacio aéreo venezolano” y demuestra un “doble discurso” de Washington. El Gobierno venezolano aseguró además que Estados Unidos solicitó “permisos especiales” para operar rutas de repatriación.
El escenario se desenvuelve en medio de movimientos militares estadounidenses en la región. La Fuerza Aérea de EE.UU. confirmó que bombarderos B-52H realizaron recientemente demostraciones de ataque en el Caribe, en el marco de la operación “Lanza del Sur”, destinada a combatir el narcotráfico. De igual manera, República Dominicana autorizó el uso provisional de dos aeropuertos por parte de EE.UU., decisión anunciada por el presidente Luis Abinader junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Mientras tanto, Trinidad y Tobago negó que Estados Unidos haya solicitado usar su territorio para acciones militares vinculadas a Venezuela, pese a recientes visitas de autoridades estadounidenses.
Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo que “el camino no es enviar barcos” ni realizar amenazas militares. Más tarde, Diosdado Cabello anunció el inicio de una fase de organización comunitaria “para la circunstancia que sea”, sin entregar detalles. También calificó como una “locura imperial” la autorización dominicana para facilitar apoyo logístico a EE.UU.
Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab valoró las conversaciones directas entre Nicolás Maduro y Donald Trump, destacando que el objetivo declarado por el mandatario estadounidense es “salvar muchas vidas”.
