La Comisión Mixta despachó este miércoles en su totalidad la Ley de Inteligencia, proyecto que permaneció en tramitación por más de siete años y que ahora deberá ser revisado por las Salas de la Cámara de Diputados y del Senado, una vez emitido el informe correspondiente.
En la instancia se resolvieron las divergencias existentes entre ambas Cámaras, permitiendo avanzar en una normativa que busca fortalecer el sistema de inteligencia del Estado, especialmente frente a los desafíos asociados al crimen organizado y a los delitos complejos del siglo XXI.
El senador y presidente de la Comisión Mixta, Javier Macaya (UDI), destacó que la iniciativa entrega una herramienta inédita concebida en democracia, señalando que históricamente el tema de la inteligencia ha estado rodeado de cuestionamientos. En ese sentido, afirmó que el proyecto permite otorgar facultades excepcionales a los agentes del sistema, con el fin de actuar de manera más eficaz, en línea con lo que ocurre en otras democracias.
Desde la Cámara Baja, el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, coincidió en que la ley permitirá contar con herramientas que ayuden a anticiparse al crimen organizado. A su juicio, el proyecto habilita la existencia de un sistema de inteligencia sólido, sin trabas innecesarias, y representa un avance relevante para la seguridad nacional.
Por su parte, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) valoró la aprobación del informe de la Comisión Mixta, señalando que los acuerdos alcanzados constituyen un avance significativo en el fortalecimiento de la inteligencia, especialmente en el ámbito civil, junto con el establecimiento de controles necesarios y de carácter reservado. Asimismo, explicó que el mecanismo aprobado respecto a los agentes encubiertos es similar al que actualmente se aplica bajo la Ley 20.000.
No obstante, Brito advirtió que aún existen aspectos que requieren ajustes, particularmente en lo relativo a la eventual exención de responsabilidad penal para agentes encubiertos de la Agencia Nacional de Inteligencia, aunque confirmó que su sector respaldará la aprobación del informe.
El proyecto, que refuerza la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, podría convertirse en ley durante las últimas semanas del actual período legislativo y es considerado por el Gobierno como uno de los legados de la administración del presidente Gabriel Boric. En tramitaciones previas, la iniciativa incorporó mecanismos de control de la Contraloría sobre gastos reservados, una comisión de control parlamentario, un nuevo estatuto para la contratación de personal especializado y la autorización judicial, a cargo de un ministro de la Corte Suprema, para la aplicación de medidas intrusivas.
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