El Gobierno anunció que el proceso de traspaso de la administración de las áreas protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) se concretará en marzo de 2027, tras detectar una serie de deficiencias que, a juicio de las autoridades, impiden realizar el cambio en las condiciones originalmente previstas.
La decisión fue adoptada luego de una revisión del proceso de implementación del SBAP y del cumplimiento del mandato legal que establece la transferencia de estas funciones. Según explicó el Ejecutivo, el análisis permitió identificar problemas en la planificación y ejecución desarrolladas durante la administración anterior, por lo que se concluyó que no existen actualmente las condiciones adecuadas para efectuar un traspaso responsable y eficiente.
Desde el Gobierno destacaron que las áreas protegidas cumplen un rol estratégico para el país, no solo por resguardar el patrimonio natural de Chile, sino también por su aporte al turismo, la conservación de la biodiversidad y el acceso de la ciudadanía a espacios naturales emblemáticos como el parque nacional Torres del Paine y el parque nacional Conguillío.
Junto con aplazar el proceso, las autoridades informaron la instrucción de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades derivadas de las situaciones detectadas. La medida ya fue comunicada a la Contraloría General de la República.
El Ejecutivo señaló que la postergación busca resguardar la continuidad operativa de las áreas protegidas, asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento y proteger la labor que desarrollan guardaparques y funcionarios en terreno.
Asimismo, se anunció la implementación de un plan de trabajo que contempla operativos regionales para identificar y resolver necesidades urgentes, la creación de una dirección operativa dedicada exclusivamente al proceso de traspaso y el fortalecimiento de la coordinación entre CONAF y el SBAP para corregir las observaciones pendientes.
Las autoridades enfatizaron que el objetivo es consolidar una institucionalidad sólida y con capacidad operativa suficiente para administrar de manera adecuada las áreas protegidas del país, garantizando que el cambio se realice con transparencia, responsabilidad y sin afectar la gestión de estos espacios naturales.
