La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de atentados contra los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, en el marco de las protestas y bloqueos de carreteras que afectaron al país entre mayo y junio.
La resolución fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y, según información confirmada por personas cercanas al exmandatario, también le atribuye responsabilidad en delitos relacionados con la seguridad de los medios de transporte y la organización de las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), junto a sectores afines a Morales, mantuvieron bloqueos en rutas del occidente y centro del país. Las manifestaciones provocaron un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de afectar la conectividad entre distintas regiones.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, los bloqueos dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido al cierre de las carreteras. Asimismo, el Gobierno estimó pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La investigación también alcanza al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio por otra causa relacionada con estos hechos.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que nunca promovió la salida del presidente Rodrigo Paz, afirmando que las movilizaciones buscaban respuestas del Gobierno a las demandas de los sectores sociales. Sin embargo, el 24 de mayo publicó en la red social X que el mandatario tenía «dos caminos» frente a la crisis: militarizar el país o convocar a elecciones dentro de los siguientes 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con parte de los sectores movilizados, el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio, permitiendo el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar las rutas y restablecer el tránsito en el país.
Esta nueva orden de captura se suma a la investigación que enfrenta Morales por un presunto caso de trata agravada de personas. El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, resguardado por centenares de seguidores para evitar su detención.
En esa causa, Morales es investigado por su presunta relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija en 2016, cuando ejercía la Presidencia. En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio y emitió una nueva orden de captura, cuya ejecución, según la Policía boliviana, se concretará cuando existan las condiciones para hacerlo.
