El Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el artículo de la denominada megarreforma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas bajo estado de catástrofe.

El Ejecutivo sostiene que el artículo 31 del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social vulnera el artículo 69 de la Constitución, debido a que la disposición habría sido incorporada durante la tramitación legislativa sin mantener una relación directa con las ideas matrices de la iniciativa.

La norma obliga a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas a reconectar sin costo a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas bajo estado de catástrofe.

La obligación también contempla casos en que la desconexión se haya producido antes de que fuera declarada oficialmente dicha condición.

El texto fija un plazo máximo de 48 horas para la reconexión de electricidad y gas, mientras que para los servicios de agua potable y alcantarillado establece un límite de 24 horas. Además, prohíbe cobrar por estas reconexiones y considera compensaciones en caso de incumplimiento.

Sin embargo, el cuestionamiento del Gobierno no apunta necesariamente al contenido de la medida, sino a la forma en que fue incorporada al proyecto.

Según La Moneda, la iniciativa original estaba orientada a financiar y agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de enero de 2026, además de impulsar la recuperación y reactivación económica.

El mensaje presidencial no contemplaba modificaciones al régimen de reconexión de servicios básicos ni cambios a la Ley 16.282. Por ello, el Ejecutivo sostiene que esta regulación fue incorporada posteriormente mediante una indicación parlamentaria.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la decisión y aseguró que el Gobierno está actuando dentro de las normas institucionales.

“Esto está fuera de la idea matriz”, afirmó el secretario de Estado, quien recordó que durante la discusión legislativa el Ejecutivo ya había formulado una reserva de constitucionalidad por considerar que la disposición no tenía relación con el objetivo original del proyecto.

Quiroz planteó que incorporar materias ajenas a la idea matriz puede generar problemas en la elaboración de las leyes y sostuvo que el Ejecutivo no descarta avanzar en una regulación especial para garantizar los servicios básicos durante situaciones de catástrofe.

“No estamos cerrados, en ningún caso, a que se haga algún tipo de norma especial para el tipo de catástrofe con estos servicios, pero que se redacte bien y a lo mejor sea algo como artículo único”, señaló.

El ministro insistió en que la presentación ante el TC no busca necesariamente rechazar el fondo de la propuesta, sino cuestionar el procedimiento utilizado para incorporarla al proyecto.

“Pensamos que es una idea que tal vez incluso se podría perfeccionar, pero es mejor hacerla bien de un comienzo”, sostuvo Quiroz.

Ejecutivo optó por el TC y descartó recurrir a un veto

Respecto de la decisión de acudir al Tribunal Constitucional en lugar de utilizar un veto aditivo o sustitutivo, el ministro de Hacienda explicó que también se consideraron los tiempos de tramitación.

“Nos interesa ir rápido con el proyecto de ley. El veto aditivo tiene más un tiempo de tramitación distinto y pensamos que esta es la forma de hacerlo”, afirmó.

En el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo solicita que el artículo 31 sea declarado inconstitucional y, por consecuencia, sea excluido del texto que eventualmente sea enviado a promulgación.

La presentación tiene un alcance específico y no busca impugnar el resto de la denominada megarreforma. De esta manera, si el TC acoge el requerimiento, la pretensión del Gobierno es que únicamente se elimine la disposición cuestionada y que continúen vigentes las demás medidas relacionadas con la reconstrucción y la reactivación económica.

La tesis del Ejecutivo apunta a que el Congreso puede establecer reglas especiales para la reconexión de servicios básicos durante estados de catástrofe, pero que dicha regulación debe tramitarse respetando las normas constitucionales de formación de la ley y manteniendo una relación directa con las ideas matrices del proyecto en que se incorpora.