La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto denominado Antibarricadas 2.0, iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes interrumpan el tránsito o bloqueen vías públicas mediante violencia, intimidación u obstáculos que representen un peligro concreto para la vida o integridad física de las personas.

La propuesta fue despachada al Senado para su segundo trámite constitucional y contempla penas de presidio menor, además de multas de hasta 20 UTM. Las sanciones también se extenderían a situaciones como la interrupción grave del funcionamiento del Metro.

El proyecto establece, además, penas de hasta 540 días de privación de libertad para determinadas conductas relacionadas con intimidaciones o instalación de barricadas.

La discusión estuvo marcada por un enfrentamiento verbal entre el diputado socialista Marcos Ilabaca y el parlamentario republicano Cristian Araya.

Ilabaca cuestionó al Ejecutivo, acusándolo de intentar limitar las manifestaciones ciudadanas mediante la nueva legislación. Sus declaraciones provocaron la reacción de Araya, quien solicitó a la mesa de la Cámara adoptar medidas disciplinarias contra el parlamentario.

Uno de los puntos centrales de la votación fue la incorporación de una indicación presentada por el diputado socialista Raúl Leiva, que excluye de la aplicación de la normativa a quienes ejerzan pacíficamente el derecho a reunión, huelga o manifestación.

Leiva valoró la aprobación de esta disposición y sostuvo que representa un cambio importante respecto de los objetivos originales del Gobierno en materia de orden público.

Por su parte, la diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, planteó que el debate también debía considerar los episodios de violencia registrados en las carreteras de la macrozona sur y las movilizaciones protagonizadas por transportistas.

El texto principal contó con el respaldo de sectores del oficialismo, además del Partido de la Gente y la Democracia Cristiana.

Con su aprobación en la Cámara, la iniciativa continuará su discusión en el Senado, donde deberán revisarse las sanciones propuestas y las disposiciones destinadas a resguardar el ejercicio de las manifestaciones pacíficas.