La delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid Versalovic, valoró el despacho del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), iniciativa que completó su tramitación en el Congreso Nacional después de tres años de discusión legislativa y que busca establecer un marco legal para la actuación de las policías y Fuerzas Armadas.

La autoridad destacó que la nueva normativa permitirá entregar mayor claridad sobre los procedimientos de seguridad y las condiciones en que los funcionarios pueden emplear la fuerza, junto con establecer obligaciones y límites para su actuación.

“Este es un avance para dar mayor certeza a nuestras policías y también a la ciudadanía. Quienes tienen la responsabilidad de proteger a las personas necesitan reglas claras para saber cómo actuar frente a distintos escenarios, siempre con responsabilidad y dentro del marco de la ley”, señaló Cid.

El proyecto contempla diferentes niveles de intervención, que van desde la presencia preventiva, el diálogo y la persuasión verbal hasta el control físico y la utilización de otros medios de fuerza en situaciones de mayor riesgo.

Asimismo, establece obligaciones relacionadas con la identificación de los funcionarios, las advertencias previas, la aplicación gradual de la fuerza, la protección de terceros y el registro de los procedimientos.

Uno de los principales aspectos de la iniciativa es que otorga rango legal a criterios que anteriormente estaban establecidos mediante disposiciones internas de las instituciones, definiendo con mayor precisión las condiciones para utilizar los medios disponibles.

En este contexto, el seremi de Seguridad Pública de Atacama, Gabriel Ortega, destacó que la normativa busca fortalecer la certeza jurídica de quienes cumplen labores de seguridad.

“Hoy damos un paso relevante al contar con un marco legal que entrega mayor claridad y certeza respecto de cómo deben actuar nuestros funcionarios, bajo qué condiciones pueden utilizar los medios disponibles y cuáles son los límites de su actuación”, sostuvo.

Por su parte, la delegada Sofía Cid recalcó que el proyecto también incorpora responsabilidades para los funcionarios, quienes deberán desarrollar sus procedimientos respetando las obligaciones establecidas por la legislación.

La iniciativa fue despachada por el Congreso luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el informe de Comisión Mixta por 111 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones. Posteriormente, el Senado lo ratificó con 29 votos favorables, 15 en contra y una abstención.

Tras completar esta etapa, el proyecto deberá continuar con los procedimientos institucionales correspondientes antes de convertirse en ley.

“Después de tres años de discusión, avanzamos en una materia relevante para la seguridad. Necesitamos instituciones que puedan desarrollar su trabajo con certeza, responsabilidad y apego a la ley”, concluyó la delegada presidencial regional.