Un importante incremento de delitos vinculados a menores de edad quedó en evidencia durante los primeros seis meses de 2026, período en que las estadísticas del Ministerio Público registraron un alza superior al 23% respecto del año anterior. Las amenazas y agresiones en colegios aparecen entre los principales factores asociados a este crecimiento.
Según cifras de la Fiscalía Nacional, durante el primer semestre se contabilizaron 21.960 delitos que involucraron a menores, superando ampliamente los 17.787 casos registrados entre enero y junio de 2025.
El aumento equivale a 4.173 delitos adicionales, con una variación del 23,46%, mientras que 20.311 casos de este año se encuentran relacionados con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Uno de los aspectos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el incremento de las amenazas en establecimientos educacionales, que llegaron a duplicarse respecto del mismo período del año pasado.
Las cifras muestran que marzo, abril y mayo concentraron un aumento significativo de denuncias por amenazas y lesiones en el contexto escolar, situación que posteriormente comenzó a disminuir.
Desde el Ministerio Público relacionaron parte de este comportamiento con las repercusiones del crimen ocurrido el 27 de marzo en el Colegio Obispo Silva Lezaeta de Calama.
En aquella oportunidad, un estudiante de 18 años protagonizó un ataque que terminó con la muerte de la inspectora María Reyes, de 59 años, y dejó a otras personas afectadas.
El hecho generó una profunda preocupación por la seguridad en los establecimientos educacionales y abrió un debate sobre las manifestaciones de violencia entre estudiantes.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que el ataque corresponde a lo que especialistas denominan violencia escolar dirigida, una categoría asociada a hechos planificados con objetivos específicos.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el persecutor, el caso de Calama sería el primero de estas características registrado en el país.
Por su parte, Alejandra Mera, directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos del Ministerio Público, señaló que parte del incremento de amenazas podría responder a conductas de imitación posteriores al ataque.
La funcionaria explicó que, tras el homicidio, se produjo un aumento de denuncias por amenazas y lesiones en recintos educacionales, particularmente durante los meses siguientes al hecho.
Esta interpretación también fue abordada por la psicóloga María José Lizama, académica de la Universidad Central, quien indicó que durante la adolescencia existe una búsqueda constante de identidad y reconocimiento.
Según la profesional, determinadas conductas pueden ser reproducidas por jóvenes que buscan validación, especialmente cuando los hechos originales han recibido una amplia cobertura pública.
La especialista añadió que las amenazas difundidas mediante redes sociales o mensajes escritos constituyen formas de comportamiento que pueden ser imitadas en contextos escolares.
En cuanto a los antecedentes territoriales, durante el primer semestre de 2025 las mayores cifras de delitos asociados a menores se concentraron en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío y La Araucanía.
El incremento registrado durante 2026 plantea nuevos desafíos para las instituciones encargadas de la seguridad y la convivencia escolar, especialmente en materia de detección temprana de amenazas, prevención de agresiones y acompañamiento de las comunidades educativas.
