Según los antecedentes del organismo fiscalizador, las principales observaciones apuntan a la presunta ocultación, alteración y entrega de datos imprecisos, situación que habría dificultado las labores de supervisión ambiental.

Entre los hechos investigados figura el incumplimiento de la meta de recuperación del 98% de azufre durante el período comprendido entre 2023 y 2025.

La SMA sostiene que se habrían manipulado registros técnicos para aparentar el cumplimiento de las exigencias ambientales. Además, se detectaron superaciones de los límites permitidos para las emisiones de dióxido de azufre.

La gravedad de los antecedentes motivó reacciones en el Congreso. El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, anunció que impulsará la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El parlamentario también valoró que los antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público para determinar la eventual existencia de responsabilidades penales.

Mulet cuestionó las presuntas irregularidades y advirtió sobre sus posibles consecuencias para las comunidades de Concón, Quintero y Puchuncaví, comunas que durante años han enfrentado problemas de contaminación atmosférica.

Por su parte, ENAP informó mediante una declaración pública que sus equipos técnicos se encuentran revisando los antecedentes del procedimiento para definir las acciones que correspondan dentro de los plazos establecidos por la legislación.

La situación también generó una respuesta de los ministerios de Hacienda y Energía, que calificaron los hechos denunciados como inaceptables.

Ambas carteras solicitaron a la administración de la empresa estatal colaborar plenamente con las investigaciones administrativas y judiciales, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y establecer las responsabilidades que correspondan.

El procedimiento sancionatorio deberá determinar si se acreditan las infracciones formuladas por la SMA, mientras que el Ministerio Público podrá evaluar la eventual existencia de delitos.

El caso vuelve a poner bajo atención el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las instalaciones industriales que operan en Concón, Quintero y Puchuncaví, especialmente en materia de emisiones atmosféricas y transparencia de la información entregada a los organismos fiscalizadores.