En el contexto del actual ciclo electoral y con miras a contribuir activamente al debate público y la toma de decisiones estratégicas para el futuro del país, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Atacama dio a conocer un conjunto de propuestas dirigidas a las candidaturas presidenciales y parlamentarias, centradas en la necesidad de avanzar hacia un desarrollo más equilibrado, inclusivo y descentralizado.
Las propuestas están organizadas en tres documentos complementarios: un compendio de 60 medidas y un plan de obras prioritarias para Chile al 2030, una carta dirigida a las candidaturas con planteamientos regionales para Atacama, y medidas prioritarias enfocadas en resolver los principales cuellos de botella que enfrenta el país en materia de vivienda, infraestructura, gestión estatal y desarrollo regional.
Una visión para el Chile que queremos construir
El documento nacional “Chile Posible” plantea que el país necesita un nuevo impulso que combine sentido de urgencia y mirada de largo plazo. A través de 60 medidas concretas, la CChC propone una hoja de ruta ambiciosa pero realista para enfrentar el déficit habitacional, cerrar brechas en infraestructura, recuperar el crecimiento económico y fortalecer el rol del Estado al servicio de las personas.
Estas medidas fueron elaboradas a partir de diagnósticos técnicos y experiencias territoriales, e incluyen herramientas innovadoras en ámbitos como el acceso a la vivienda, la habilitación de suelo, la regeneración urbana, el fortalecimiento del sistema de concesiones, la modernización de la planificación pública y la mejora de los mecanismos de inversión del Estado.
Medidas priorizadas: los cambios urgentes
En paralelo, la CChC definió 10 medidas prioritarias que considera fundamentales de implementar en los primeros meses del nuevo gobierno, entre las que destacan:
• La creación de una Agencia Nacional de Infraestructura, que planifique obras públicas con visión de largo plazo.
• La aplicación de una estrategia fast track para ejecutar proyectos clave en salud, educación, seguridad e infraestructura hídrica.
• La implementación de un IVA diferenciado para la vivienda, reconociendo su carácter de bien básico.
• Una gobernanza moderna para las ciudades, que permita avanzar en planes de densificación equilibrada y mejor uso del suelo urbano.
• La definición de estándares urbanos y territoriales garantizados, para asegurar condiciones básicas de vida en todos los barrios y zonas rurales del país.
• Y la institucionalización de la “Prioridad Presidencial” para proyectos estratégicos, acortando los plazos de tramitación y entrega.
Asimismo, se considera clave:
• El combate frontal contra la permisología, simplificando regulaciones y promoviendo que los proyectos se desarrollen sobre la base de declaraciones juradas, restringiendo exigencias a casos realmente necesarios.
• El impulso a una política integral de habilitación de suelo para el desarrollo urbano y habitacional, que contemple infraestructura, servicios públicos y regeneración urbana.
• La creación de una institucionalidad que evalúe de forma integral las regulaciones y políticas públicas, identificando impactos acumulativos no previstos que hoy dificultan el desarrollo, como en el caso de la vivienda.
• Y el fortalecimiento del desarrollo regional, asegurando que los territorios cuenten con recursos, competencias y condiciones habilitantes para atraer inversión privada y actividades productivas.
Estas medidas buscan destrabar procesos hoy estancados por la permisología, los altos costos regulatorios y la falta de coordinación entre entidades públicas, además de fortalecer la inversión privada como motor de reactivación.
Atacama: urgencias territoriales que no pueden esperar
La CChC Atacama, presidida por Cristian Alzamora y consciente de la realidad específica de la región, presentó además una carta a las candidaturas presidenciales en la que plantea una serie de propuestas focalizadas en las principales problemáticas que afectan el desarrollo local y la calidad de vida de las personas.
Entre las medidas destacadas, se encuentran:
1. Fortalecer el Decreto Supremo 75, ampliando su vigencia y alcance para permitir que pequeñas y medianas empresas constructoras puedan acceder a licitaciones del MOP de mayor envergadura, fomentando así la participación regional y reduciendo el riesgo de licitaciones desiertas.
2. Reformar el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), incorporando criterios de equidad territorial. El actual sistema, al priorizar proyectos por número de beneficiarios, deja fuera a iniciativas estratégicas en zonas de baja densidad poblacional como Atacama.
3. Establecer un calendario de pagos y mecanismos de control ante la reiterada falta de pago a empresas contratistas que ejecutan obras públicas, situación que genera un grave impacto financiero en empresas locales.
4. Implementar un plan nacional de retiro de relaves mineros en zonas urbanas, con incentivos tributarios para las compañías que participen en su remediación, mitigando riesgos sanitarios y ambientales.
5. Impulsar el proyecto de tranvía urbano para Copiapó, como solución estructural al déficit de transporte público, contribuyendo a una ciudad más sustentable y conectada.
6. Priorizar el mejoramiento de la infraestructura vial regional, con una inversión sostenida en conectividad urbana, logística y productiva.
“La región de Atacama realiza un aporte relevante al Producto Interno Bruto nacional, especialmente a través de la actividad minera. Sin embargo, existe una brecha en la inversión pública que debe ser abordada. Es fundamental avanzar hacia decisiones políticas que reconozcan las particularidades y necesidades de los territorios, promoviendo un desarrollo más equitativo y descentralizado”, señaló Cristian Alzamora Zepeda, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Atacama.
Un llamado al compromiso con las regiones
La Cámara Chilena de la Construcción Atacama hizo un llamado a todas las candidaturas presidenciales y candidatos al parlamento a asumir un compromiso real con el desarrollo de las regiones, en particular con territorios como Atacama, que enfrentan desafíos estructurales en materia de vivienda, empleo, infraestructura y servicios básicos.
“No se trata de solicitar privilegios, sino de avanzar hacia una mayor equidad territorial. Las regiones cuentan con un alto potencial de desarrollo, siempre que se les otorgue el espacio necesario para tomar decisiones e invertir con autonomía. Las propuestas que hemos presentado constituyen un aporte concreto para construir un país más inclusivo, en el que todas las personas tengan oportunidades reales de crecimiento y bienestar”, concluyó Alzamora.
Los documentos entregados por la CChC están disponibles públicamente y buscan generar una conversación seria y propositiva sobre el futuro del país, donde la colaboración público-privada y la descentralización efectiva sean pilares para construir un mejor Chile al 2030.
