La parlamentaria por la Región de Atacama, Sofía Cid, expresó su preocupación ante la revelación de mensajes de WhatsApp enviados por Daniel Andrade, director de la Fundación Democracia Viva y entonces pareja de la diputada Catalina Pérez. En dichos mensajes, Andrade pretende replicar en las regiones de Maule, Biobío y Atacama convenios similares a los que se firmaron previamente en Antofagasta, donde se ha desatado un escándalo por el uso irregular de recursos públicos.
Los mensajes y audios filtrados dejan entrever una estrategia política encubierta bajo la apariencia de trabajo social. Andrade menciona abiertamente que la fundación, financiada con fondos destinados al bienestar social, tenía como objetivo fomentar liderazgos políticos en asentamientos precarios, lo que pone de manifiesto un uso inadecuado y manipulador de recursos públicos que deberían ser destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más vulnerables.
“Ahora sabemos que la Fundación Democracia Viva, el caso que destapó toda esta red, también intentó extender sus redes en Atacama, buscando replicar lo que hicieron en Antofagasta: usar recursos públicos para instalar liderazgos políticos en campamentos. No era ayuda social, era estrategia partidista”, declaró la diputada Cid.
Asimismo, la parlamentaria subrayó que esta situación no es un hecho aislado. “En nuestra región ya tenemos investigaciones por convenios irregulares con fundaciones como Comprometidos y ProCultura, con contratos por cientos de millones y funcionarios formalizados por corrupción. Yo misma entregué antecedentes en la Fiscalía Regional de Atacama, porque tenemos el deber de defender los recursos que son de todos”, señaló.
“Tenemos el deber de defender los recursos que son de todos. Vamos a seguir fiscalizando con fuerza, con convicción y con hechos. Y lo seguiremos haciendo, cueste lo que cueste, porque Atacama merece transparencia, justicia y soluciones reales para su gente”, concluyó la legisladora.
La diputada Sofía Cid ha solicitado a las autoridades pertinentes una revisión exhaustiva de todas las fundaciones operativas en la región, así como mayor control sobre el uso de recursos públicos.
