La disputa entre la ANFP, Unión Española y Deportes Iquique, los dos clubes que descendieron de la Liga de Primera 2025, aún no tiene resolución definitiva.
El conflicto se originó luego de que el elenco hispano apelara a un vacío normativo que podría impedir su descenso a Primera B, situación a la que posteriormente se sumó Deportes Iquique. El punto central radica en el artículo 90 del reglamento general, actualizado en 2024, que establece que el descenso debe definirse por el promedio de puntos de las últimas tres temporadas. Sin embargo, las bases del Campeonato Nacional, aprobadas de manera unánime, indican que los dos últimos equipos de la tabla anual deben descender de forma automática.
En medio de los intentos de ambos clubes por mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno, comenzó a tomar fuerza un nuevo escenario al interior de la sede de Quilín. En ese contexto, el Consejo de Presidentes evalúa la posibilidad de suspender los descensos y disputar la próxima temporada con un total de 18 equipos en Primera División.
Las otras alternativas que se mantienen sobre la mesa son aplicar el reglamento invocado por Unión Española y Deportes Iquique, lo que implicaría que por promedio desciendan Deportes La Serena y Deportes Limache, o bien ratificar los descensos definidos en cancha y conservar la estructura habitual de 16 clubes.
La definición sobre el futuro de hispanos y nortinos se adoptará el martes 30 de diciembre, durante una sesión especial que se realizará en Quilín.
En caso de que se opte por suspender los descensos, se abriría además una discusión respecto a la distribución de los ingresos por derechos de televisión. En ese escenario, incluso se ha planteado la opción de que Unión Española y Deportes Iquique compitan en Primera División, pero percibiendo ingresos correspondientes a la Primera B.
