
El reciente sistema frontal que afectó a la zona sur del país comenzará a reflejarse en el bolsillo de los consumidores durante las próximas semanas, debido a los importantes daños registrados en el sector agrícola y ganadero de las regiones de Los Ríos y La Araucanía.
Las inundaciones, la pérdida de cultivos y la destrucción de infraestructura productiva dejaron severas consecuencias en numerosos predios, afectando tanto la producción de hortalizas como la disponibilidad de forraje para el ganado, situación que presionará los costos de producción de leche y carne.
El presidente de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, explicó que el temporal provocó praderas completamente anegadas, pérdida de forraje e invernaderos destruidos. Según indicó, este escenario derivará en un aumento del precio de las hortalizas y ejercerá presión sobre los costos asociados a la producción de productos lácteos y cárnicos.
No obstante, el dirigente sostuvo que la emergencia climática dejó en evidencia problemas estructurales que afectan al sector agrícola. Afirmó que el sistema frontal había sido advertido con anticipación, pero que muchos productores enfrentaron la contingencia sin capacidad de inversión debido a las condiciones del mercado.
«El daño de fondo es otro: este evento estaba anunciado hace mucho tiempo y el campo lo enfrentó descapitalizado, porque cuando el precio lo fija un comprador único, el precio miente. Y un precio que miente no deja margen para invertir ni adaptarse. No pedimos subsidio, pedimos precios honestos que le permitan sobrevivir al que produce los alimentos en este país», señaló Guzmán.
A los daños productivos se suman las complicaciones que aún enfrentan diversas zonas rurales. En la provincia de Malleco continúan los cortes de suministro eléctrico, mientras que en comunas como La Unión, Panguipulli, Futrono y Valdivia las inundaciones obligaron a suspender clases y provocaron importantes afectaciones a familias de esos sectores.
Desde el gremio reiteraron que la solución pasa por fortalecer las condiciones para una competencia comercial equitativa y mejorar la planificación preventiva frente a eventos climáticos extremos, más que por la entrega de ayudas extraordinarias.
