“Hoy la Provincia del Huasco enfrenta un desempleo de más del 13%, según el Instituto Nacional de Estadísticas. En ese contexto, las decisiones que puedan tener impacto en la generación de empleo y en la atracción de inversiones deben tomarse con el mayor nivel de rigurosidad técnica y considerando la realidad regional”, señaló.
La diputada explicó que la figura de zona de latencia, contemplada en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, obliga a que todo nuevo proyecto ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con mayores exigencias para su aprobación. Incluso puede significar el rechazo de iniciativas que incrementen contaminantes presentes en niveles elevados.
“El desarrollo sostenible exige equilibrio. Nadie pone en duda la importancia de proteger el medioambiente, pero también debemos asegurar que las personas tengan acceso a oportunidades laborales, especialmente en zonas donde el empleo escasea. Las medidas ambientales deben ser acompañadas de evaluaciones socioeconómicas claras y participativas”, afirmó Cid.
La diputada respaldó las inquietudes planteadas por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), cuyo presidente, Juan José Ronsecco, advirtió que esta medida —si se extiende a toda la provincia— podría generar efectos negativos sobre la inversión, la competitividad y el empleo, afectando también a comunas limítrofes como La Higuera.
“CORPROA ha levantado una alerta legítima, que compartimos plenamente. Si se avanza en una medida de esta magnitud, se debe explicar públicamente qué datos la respaldan, qué impacto tendrá en el desarrollo regional y cómo se resguardará el equilibrio entre la protección ambiental y la reactivación económica que tanto necesitamos”, sostuvo Cid.
Frente a este escenario, la diputada anunció una serie de acciones parlamentarias para aportar a una discusión responsable:
1. Oficio de fiscalización al Ministerio del Medio Ambiente, solicitando:
• Los estudios técnicos y mediciones que sustenten la propuesta de ampliación.
• Los indicadores utilizados para definir la expansión territorial.
• Una evaluación de impacto económico, laboral y social.
• Postergar la implementación de la medida hasta contar con una evaluación multisectorial.
• Incorporar de forma obligatoria indicadores de empleabilidad, productividad y desarrollo económico regional en futuras decisiones de declaratoria ambiental.
“Lo que estamos pidiendo es claridad, responsabilidad y una mirada integral del desarrollo. Atacama tiene derecho a crecer con sustentabilidad, pero también con justicia territorial. Las decisiones deben construirse con las regiones, no sobre ellas”, concluyó la diputada Sofía Cid.
