La defensa del Gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, emitió este martes 29 de julio una declaración pública luego de ser notificados de la solicitud de desafuero presentada en su contra. En el comunicado, los abogados Patricio Rodrigo Pinto Castro y Alexis Rogat Lucero entregaron una serie de precisiones con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el estado y alcance del proceso.
En primer lugar, señalaron que el desafuero es una etapa previa al juicio oral, cuyo propósito es evitar que acusaciones infundadas afecten el normal desempeño de autoridades públicas. La decisión corresponde a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, y en caso de ser acogida, solo habilita la aplicación de medidas cautelares y la eventual formulación de una acusación, sin constituir un fallo sobre culpabilidad.
Asimismo, recalcaron que la eventual autorización para continuar con el proceso busca equiparar la posición del gobernador con la de cualquier ciudadano ante la justicia, respetando los principios de un Estado de derecho.
La defensa reafirmó su compromiso con la colaboración en la investigación encabezada por el Ministerio Público, destacando que desde el inicio de la denuncia han entregado todos los antecedentes requeridos para esclarecer los hechos.
En relación con versiones difundidas por algunos medios, aclararon que la imputación no involucra a ningún funcionario actual ni pasado del Gobierno Regional de Atacama, desmintiendo cualquier vínculo institucional con los hechos en cuestión.
También enfatizaron que lo imputado no guarda relación alguna con el ejercicio del cargo público del gobernador, sino que corresponde a un ámbito estrictamente privado de su vida personal.
Finalmente, anunciaron que durante la audiencia ante la Corte de Apelaciones de Copiapó presentarán sus argumentos y solicitarán el rechazo de la solicitud de desafuero, ya que —a juicio de la defensa— los hechos no configuran delito.
