Según el balance informado esta noche por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), en Chile hay 18 incendios forestales activos y que están en combate por parte de la Conaf y Bomberos.

Los focos se concentran principalmente en localidades de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío.

De hecho, en ellas se encuentran las comunas que permanecen bajo alerta roja producto de estas emergencias: Santo Domingo, Villa Alemana, Quilpué y Catemu en la otrora Quinta Región, Curacaví y San Pedro, en la región capitalina, y Nacimiento y San Pedro de la Paz en el Biobío.

La última en sumarse al grupo fue San Pedro, donde el siniestro «Lomas Coloradas» ha consumido una superficie preliminar de 80 hectáreas y «se mantiene activo en todos sus sectores».

En total, hasta esta noche se habían registrado 18 incendios en combate, uno bajo observación, seis en trayecto, 48 controlados y 24 extinguidos.

En total, se ha reportado de cuatro bomberos lesionados, dos por inhalación de humo y dos por quemaduras, informó el director subrogante de la Onemi, Mauricio Tapia.

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

«Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (…) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024«, leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.

De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que «existe periodo procesal de fuga» y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.

Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una «medida de comparecencia con restricciones».

Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La investigación ha sido calificada de «compleja» por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

ABOGADO DE CASTILLO ACUSA DESTITUCIÓN «ILEGAL»

Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.

Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que ha presentado la Fiscalía de Perú.

Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.

En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.

Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.

«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó antes de señalar que entre ellos figura una «vacancia (destitución) ilegal y exprés».

Agregó que el Congreso también ha realizado un «levantamiento del antejuicio», al que tiene derecho el exgobernante, «ilegal y exprés» y que la audiencia también se ha programado «para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones».

Horas después de la nueva reunión en La Moneda en el marco de la mesa transversal por la seguridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó esta tarde que la conversación con la oposición en relación a eventuales modificaciones a la Ley Antiterrorista «está en desarrollo».

El encuentro de este jueves, encabezado por la jefa de gabinete, contó con la participación de parlamentarios y parlamentarias, que señalaron al cierre que ya existen varios acuerdos logrados en esta instancia.

«Lo que se habló es la necesidad de modificar esta legislación. Muy frecuentemente los fiscales prefieren utilizar otras herramientas legales, porque la experiencia en el uso de la ley antiterrorista ha dado muy bajos resultados o, incluso, a veces, ha significado la parálisis de las causas cuando se ha invocado esta legislación», dijo Tohá a la prensa a la entrada del Comité Político de Gobierno, celebrado luego de la mesa por la seguridad.

«La disposición que hay es a modificarla, a buscar una herramienta más eficaz y a darse un plazo para aquello, pero no se ha llegado todavía a un punto final de acuerdo en este tema. Está en desarrollo la conversación», indicó.

En materia constitucional, Tohá hizo un llamado a cumplir con el acuerdo sellado el lunes entre las fuerzas políticas parlamentarias, luego de que desde el propio oficialismo se haya planteado modificar este pacto durante su tramitación en el Congreso.