A las puertas de que el Gobierno presente su proyecto de condonación y modernización del sistema de financiamiento de la educación superior, la Comisión Ingresa ha revelado preocupantes cifras sobre el Crédito con Garantía Estatal (CAE). Según la última cuenta pública, un 60,1% de los egresados de instituciones con CAE se encuentra actualmente en mora, es decir, tienen tres o más cuotas impagas.
Desde la creación del CAE en 2006, 1.219.000 personas han sido beneficiadas por este préstamo. De este total, 896.000 se encuentran en etapa de pago, de los cuales el 78% ha egresado de una carrera, mientras que el resto ha desertado. La deuda total acumulada asciende a 283 millones de UF, superando los 11.900 millones de dólares.
El informe destaca que, al cierre del año pasado, el 46% de los egresados con CAE se encontraba al día con sus pagos, mientras que el 82% de los desertores no lo estaba. La Comisión Ingresa señaló que la morosidad ha aumentado sostenidamente desde 2015 hasta la fecha, acentuándose a partir de 2020 debido a los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, especialmente en el mercado laboral, lo cual ha afectado la capacidad de pago de los deudores.
Entre 2016 y 2021, la variación anual de morosidad oscilaba entre el 0,7% y el 3,3%. Sin embargo, en los dos últimos años, bajo el actual Gobierno, la morosidad ha subido un 6% en 2022 y un 5,7% en 2023. En detalle, la morosidad de los egresados aumentó un 6,9% en 2023, alcanzando un nivel sin precedentes en el cobro de garantías del Estado, cercano a los 270.000 millones de pesos, mientras que en los desertores subió un 2,8%.
La Subsecretaría de Educación Superior ha señalado a La Tercera que un factor central de este problema estructural es que las personas deudoras del CAE presentan inserciones ocupacionales y niveles de ingresos muy por debajo de lo esperado cuando se formuló la política en 2006. La combinación de estos factores, junto con la evolución del escenario macroeconómico del país, especialmente los efectos de la pandemia en la economía y el empleo formal, explican el aumento de la morosidad desde 2015.
