Cámara Chilena de la Construcción presenta plan de reactivación económica que considera la creación de 600.000 empleos

En la región de Atacama, esta propuesta considera la creación de aproximadamente 30 mil empleos, lo que sería un aporte considerando los índices de cesantía en la zona, y además abordaría problemáticas sociales claves para la comunidad como el déficit habitacional y la necesidad de mejor infraestructura.

La creación de 600.000 puestos de trabajo directos e indirectos en un período de tres años (240.000 en 2020 y 360.000 en 2021 y 2022) es el objetivo central del “Plan de Empleo y Reactivación” presentado esta mañana por el presidente la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, y que constituye un aporte del gremio ante el urgente desafío de crear fuentes laborales y reimpulsar la economía en tanto las condiciones sanitarias así lo permitan.

La propuesta plantea asimismo otros dos objetivos prioritarios: satisfacer demandas sociales asociadas a vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica y abordar problemáticas urgentes, como es la crisis hídrica que afecta al país. Todo esto a través de un impulso a la inversión y un estrecho trabajo colaborativo entre el sector público y el privado.

“El país está viviendo una severa crisis económica y una acelerada pérdida de puestos de trabajo, frente a lo cual nuestra industria puede jugar un rol de contención y reactivación muy importante. De hecho, en esta propuesta identificamos medidas y proyectos concretos –de rápida ejecución, tanto del área de vivienda como de infraestructura– que sin duda ayudarán a materializar el Plan de Emergencia acordado la madrugada de este domingo por el mundo político. Eso es lo que hoy se necesita y es lo que precisamente queremos aportar con este Plan”, afirmó el dirigente.

Donoso explicó además que, si bien este pone énfasis en el corto plazo, se decidió considerar un horizonte de tres años dada la experiencia de las crisis pasadas. “Por ejemplo, tras la crisis del ‘81 se necesitaron cuatro años para volver a alcanzar los niveles de empleo que había antes de esta y tres años en el caso de la crisis de 1999. Es decir, se va a necesitar, más que un impulso inicial, un esfuerzo sostenido para dejar atrás la actual crisis que estamos viviendo”.

En este contexto, la propuesta del gremio contempla para el trienio una inversión total de US$ 22.600 millones, considerando US$ 10.290 millones de inversión pública y US$ 12.310 millones de inversión privada.

Región de Atacama

 En lo que respecta a la región de Atacama, la propuesta considera una inversión de US$3 mil 500 millones y la creación de más de 30 mil empleos, que fundamentalmente considera la reactivación de proyectos mineros -Rajo Inca y Santo Domingo-, hídricos -donde destacan las obras de mitigación-, vialidad y conectividad en distintas comunas de Atacama, aumentar la capacidad hospitalaria, iniciativas para el mejoramiento de espacios públicos y la construcción y mejoramiento de una importante cantidad de unidades habitacionales -más de 1.000 anuales- que permitan seguir disminuyendo el déficit de viviendas en la región.

“A pesar del complejo momento que estamos viviendo y que afecta a muchas familias, tenemos confianza en que como región, cuando logremos superar esta situación y si las condiciones lo permiten, podemos empujar una reactivación económica y de empleos importante, a través de obras que vayan en directo beneficio de las personas, para disminuir los déficits habitacionales y potenciar la infraestructura social, por lo mismo como Cámara regional queremos seguir siendo un aporte en Atacama, trabajando colaborativamente con la generación de propuestas que vayan en esta línea”, explicó Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó.

El dirigente gremial también indicó que para lo anterior “es fundamental dar mayor valor a las empresas, proveedores y trabajadores locales, para que estas obras tengan real impacto social en la zona, creando un ecosistema regional productivo, del mismo modo que se debe trabajar para que se cumpla la ejecución de los presupuestos públicos asignados a la zona, que las ayudas que está empujando el Gobierno debido al covid-19 realmente apoyen a familias, pymes y emprendedores y seguir extremando las acciones de prevención en los espacios laborales”.

Cabe destacar, que la construcción representa el 10% del PIB regional -siendo la tercera actividad económica más importante después de minería y servicios financieros y empresariales- y que su participación en el empleo es del 8%, lo que se traduce en más 8 mil fuentes laborales. Sin embargo, dadas las problemáticas económicas en la zona, que se han acentuado por la situación actual, se han perdido alrededor de 500 puestos de trabajo, elevando la cesantía en el sector al 16%.

PROPUESTA NACIONAL

Propuestas en Vivienda y Ciudad

La CChC propone la creación de 495.000 empleos directos e indirectos (200.000 este año y otros 295.000 en el período 2021-2022) y mitigar los problemas de déficit habitacional, allegamiento y la proliferación de campamentos por medio de las siguientes iniciativas:

• Crear 271.000 empleos (118.000 directos y 153.000 indirectos) mediante la construcción en condiciones especiales de 90.000 viviendas de integración social y territorial asociadas al Programa DS 19, para activar de inmediato la oferta ya disponible.
• Crear 135.000 empleos (61.000 directos y 74.000 indirectos) mediante la resolución de incertezas que afectan a 45.000 viviendas ya autorizadas, pero cuyas obras no se han iniciado.
• Crear 40.000 empleos (18.000 directos y 22.000 indirectos) mediante la construcción de 5.000 viviendas de un plan piloto de “Arriendo Protegido” en terrenos fiscales.
• Crear 30.000 empleos (17.000 directos y 13.000 indirectos) mediante la entrega en condiciones especiales de 20.000 nuevos subsidios para mejoramiento de viviendas y barrios.
• Crear 19.500 empleos (8.500 directos y 11.000 indirectos) mediante la construcción en condiciones especiales de 10.000 viviendas para sectores vulnerables en zonas de mayor déficit habitacional.

La propuesta considera una inversión total de US$ 9.600 millones, con US$ 7.500 millones de inversión privada y US$ 2.100 millones de inversión pública.

Adicionalmente, y con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda, el gremio plantea reducir parcialmente impuestos y gastos de compraventa de viviendas, descontar de impuesto el dividendo de los créditos hipotecarios, crear una garantía estatal al pago del pie para la compra de primera vivienda, aplazar la aplicación de nuevas condiciones para acceso a crédito bancario, perfeccionar e impulsar el subsidio de arriendo y crear un subsidio especial para familias jóvenes allegadas.

Propuestas en Infraestructura

Con el objetivo de generar 104.200 empleos directos e indirectos (42.600 este año y otros 61.600 en el período 2021-2022), la propuesta gremial considera:

• Crear 62.400 empleos (17.830 directos y 44.570 indirectos) mediante la construcción de 331 proyectos para mejorar movilidad urbana e interurbana, lo que considera pavimentación de caminos rurales, mejoramiento y ampliación de vías existentes y construcción de carreteras y puentes, entre otros.
• Crear 18.000 empleos (5.100 directos y 12.900 indirectos) mediante la construcción de 224 proyectos para aumentar la disponibilidad de agua en el país, como sistemas de agua potable rural, alcantarillado, captación de aguas lluvias, mejoramiento de canales, embalses, etc.
• Crear 17.900 empleos (5.100 directos y 12.800 indirectos) mediante la construcción de 5 proyectos de las áreas de Minería y Energía, por medio de ampliaciones mineras, línea de transmisión eléctrica, construcción de plantas de energías renovables, etc.
• Crear 5.900 empleos (1.700 directos y 4.200 indirectos) e incorporar 423 nuevas camas al sistema hospitalario mediante la ejecución de 105 proyectos relacionados con reparación y construcción de consultorios, servicios de atención primaria de urgencia, centros de salud familiar y hospitales.

Adicionalmente, el gremio plantea la necesidad de asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución, elaborar un Plan Nacional de Infraestructura para la Reactivación, complementarlo con mirada e iniciativas regionales, impulsar el sistema de concesiones, que es clave en el actual escenario, y potenciar instituciones e instrumentos alternativos de financiamiento.

La propuesta en infraestructura considera una inversión total de US$ 13.000 millones, con US$ 4.810 millones de inversión privada y US$ 8.190 millones de inversión pública.

Requisitos estructurales

En la presentación del “Plan de Empleo y Reactivación” de la CChC el presidente del gremio señaló para lograr estos objetivos se debe cumplir una serie de “requisitos estructurales”. Entre estos, destacó la importancia de la política pública para reducir la insolvencia de las empresas, el perfeccionamiento de las relaciones contractuales, la certeza jurídica para el desarrollo de inversiones, la eliminación de trabas regulatorias y de burocracia, una política de estímulos a la inversión privada y a la contratación, la elaboración de una “Agenda Digital” y un plan de retorno para iniciar la reactivación basado en protocolos sanitarios, como el              que ya ha puesto en marcha la industria de la