OPINIÓN

Sustentabilidad y sostenibilidad para la educación ( Elizabeth Zepeda Varas, Decana Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Atacama)

 

 

Reducir la discusión de la crisis educativa, considerando solo el contexto actual, podría poner en riesgo la credibilidad en la abundante investigación de décadas, incluyendo al período en que se hacían cuesta arriba los niveles de insostenibilidad de los municipios para gestionar desde los organismos consistoriales la educación pública en los territorios hoy sería impensable retroceder hacía ese camino. Décadas también de falta de prolijidad para usar los datos emanados de estos  estudios en la toma de decisiones, del uso de datos en los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas, de proyectos adjudicados y sumado todo esto al inefectivo uso  de recursos existentes en beneficio de un acompañamiento efectivo y eficiente en y para las comunidades educativas. La fragmentación de la educación no empezó este año 2023.

En esta mirada retrospectiva no es tan difícil entender que a quienes hoy les corresponde desde las distintas instituciones y organizaciones tomar decisiones sustentables y sostenibles, el tiempo no será el mejor aliado para cumplir los resultados  que se requieren con urgencia , primero porque se ha heredado una crisis que no se puede abordar  sin considerar decisiones que impliquen importantes cambios estructurales  y porque  mientras la crítica siga mirando lo que hicieron o no hicieron los otros, que los intereses particulares primen, la educación seguirá estando como objetivo de  una discusión permanente y vertiginosa, sin los cambios fundamentales que se requieren proyectar con urgencia.

En esta columna me referiré a dos puntos relevantes de tantos otros que  se podrían abordar y que en la abrumadora necesidad de dar respuesta   a tanta demanda justa, requieren un abordaje con acuerdos desde los distintos poderes del Estado: la falta de profesores en el territorio y los cambios en la normativa legal vigente. Diagnósticos e investigaciones ya alertaban acerca de la falta de profesores y profesoras en el país y Atacama no es la excepción, se estima que al 2025 podrían faltar 32.166 docentes en el sistema nacional. Lo anterior, podría ser especialmente crítico en las regiones del norte principalmente en Atacama. Para evitar este déficit, se sugiere una serie de propuestas de política pública que busca avanzar hacia una mayor atracción hacia la profesión docente y una menor deserción en el ejercicio (Estudio Elige Educar 2019). Estos datos debieran haber sido propulsores de cambios profundos en la forma en cómo se valoriza el ejercicio de la docencia en nuestro país. Esta falta de profesores se adelantó abrumadoramente hace años en Atacama.

Reconociendo y sosteniendo que la profesión docente es fundamental para una sociedad democrática, han surgido voces y planteamientos desde diversas instituciones y organizaciones, no solo para   revertir la concepción que se tiene de las carreras de educación, sino también para contribuir a  la toma de decisiones en la política pública que permita atraer las vocaciones  y mantener a las y los profesores en el sistema , luego del impacto provocado por una pandemia mundial  y que según cifras de la UNESCO, estamos viviendo la mayor crisis educativa de los últimos 100 años. El impacto ha sido especialmente grave en América Latina y el Caribe (ALC), la región más desigual del mundo, afectando a más de 170 millones de estudiantes en toda la región, que han perdido en promedio 1.5 años de escolaridad ( V. Maldonado 2022) Mientras este tipo de decisiones políticas no se produzcan , miraremos con estupor cómo a pesar de la evidencia y de los logros obtenidos en países que han entendido que la educación es uno  de los pilares fundamentales para sostener a sociedades democráticas que definitivamente logran mejor calidad de vida, con una educación sustentable, en nuestra realidad país aún falta esta convicción para determinar , por ejemplo una consideración distinta en el presupuesto nacional destinado a  educación que permita abordar la crisis en toda su amplitud, con visión territorial . Así las cosas, el segundo punto está referido a la normativa legal vigente, sin duda esta requiere con urgencia ser revisada y modificada con participación y de igual manera visión territorial, no solo porque  en algunos casos hay leyes que  han cumplido un tiempo suficiente para monitorear sus implicancias, sino porque algunas se dictaron estando descontextualizadas respecto de la realidad y diversidad del territorio,  de permanecer estas leyes vigentes con los errores detectados, seguiremos invisibilizando el problema profundo que presenta hoy la educación. Dar prioridad a este trabajo de revisión de la normativa es fundamental.

Educar es tan relevante e incidente en la vida de los ciudadanos que la urgencia de abordar esta crisis educacional requiere nuestras voluntades serias, responsables, éticas, comprometidas y que la demagogia pueda ser reemplazada por la reflexión crítica constructiva. Es inexplicable seguir explicando lo obvio y que miles de estudiantes estén esperando por ser parte de una escuela que les ofrezca la educación que por justicia y derecho merecen.

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