PAÍS

Buscan quedarse en Chile: Deportistas cubanos que se «fugaron» de su delegación consiguen representación jurídica

"Nos ha solicitado apoyo para permanecer en Chile, después de haberse fugado de su delegación el pasado sábado", dijeron desde el estudio Hurtado y Bonito Abogados.

 

Después de «fugarse» de su delegación tras los Juegos Panamericanos Santiago 2023, un grupo de deportistas cubanos ha obtenido representación jurídica en Chile. Hurtado y Bonito Abogados, a través de un comunicado, confirmó que asumieron la defensa legal de integrantes de la selección cubana de hockey sobre césped y un atleta medallista de bronce en los 400 metros con vallas.

Mijail Bonito, socio de Hurtado y Bonito Abogados, explicó que «un grupo de deportistas mujeres de la selección nacional cubana de la misma especialidad nos ha solicitado apoyo para permanecer en Chile, después de haberse fugado de su delegación el pasado sábado. Dado lo anterior, hemos decidido tomar la representación jurídica pro bono de estas atletas».

El estudio jurídico señaló que, según la constitución cubana, el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior, y el sistema socialista es irrevocable. Afirmaron que las delegaciones deportivas no están exentas de las obligaciones de lealtad impuestas por la dictadura cubana a sus ciudadanos.

Se destacó que los atletas cubanos son vigilados y que los pasaportes son retenidos para limitar movimientos y prevenir fugas. Abandonar una delegación cubana en el extranjero puede resultar en sanciones, lo que impide a los deportistas gozar de una nacionalidad efectiva, violando así sus derechos humanos.

Mijail Bonito agregó que «en la actualidad, todas las atletas se encuentran bien, en compañía de amigos que las han recibido, y se están analizando las circunstancias particulares de cada una de ellas para realizar las solicitudes que en derecho correspondan».

El diputado Diego Schalper (RN) ha solicitado al Presidente Gabriel Boric que se otorgue asilo político a los deportistas cubanos, considerando que la situación podría calificarse como un caso de asilo político según la Ley 20.430. Schalper instó al Gobierno a aprovechar la oportunidad para dar una clara señal en defensa de los Derechos Humanos y la democracia.

 

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