El tribunal determinó que el Servicio de Evaluación Ambiental no consideró debidamente las observaciones ciudadanas referidas a los compromisos voluntarios respecto de sistemas de vida y costumbres de comunidad mapuche.
El Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente la reclamación de un grupo de personas en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a la aprobación del proyecto “Planta de separación y tratamiento para la valorización de residuos Eco Campus — Rembre”, ubicado en Quilicura.
Este informe debe referirse “únicamente, a la debida consideración de las observaciones referidas al tránsito de camiones y a los compromisos ambientales voluntarios establecidos al respecto, para que el titular proceda a la presentación de una nueva Adenda con ese solo objeto, debiendo la autoridad requerir los pronunciamientos a los OAECA que corresponda”, explicó el fallo.
En tanto se desarrolla nuevamente esta etapa del procedimiento de evaluación, la sentencia ordena al SEA suspender los efectos de aquella parte no anulada de la RCA que aprobó la iniciativa. Lo anterior, “por todo el tiempo que dure la evaluación ambiental de la parte viciada, hasta la dictación de la RCA complementaria. De esta forma, el proyecto no puede ser ejecutado hasta no contar con esta última resolución”.
Afectación a comunidades indígenas
Cabe recordar que los reclamantes, ciudadanos pertenecientes al pueblo Mapuche, acudieron al Tribunal luego que el SEA solo acogiera parcialmente un reclamo administrativo que habían presentado en contra de la RCA favorable al proyecto. Sosteniendo que dicha RCA fue dictada de forma ilegal, pues no consideró debidamente sus observaciones ciudadanas, provocando vicios sustantivos en la evaluación de impacto ambiental.
La sentencia recuerda que uno de los contenidos mínimos y esenciales de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) es la presentación de los antecedentes que justifiquen la inexistencia de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N.º 19.300.
Que uno de estos efectos está asociado a la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; y que en el caso de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, se debe considerar, además, la duración y/o magnitud de la alteración en sus formas de organización social particular.
Asimismo, detalla que el titular puede proponer acciones o medidas adicionales, no exigidas en la legislación vigente, bajo la forma de compromisos ambientales voluntarios.
Para ello se debe describir su contenido, incluyendo el lugar y momento en que se realizarán, así como los indicadores para verificar su cumplimiento, si correspondiere.
“Por consiguiente, la aprobación de este tipo de compromisos requiere del establecimiento de estándares objetivos y comprobables para determinar su ejecución posterior”, añadió.
En el caso en discusión, continúa la sentencia, si bien Rembre identificó al Centro Ceremonial Inaltu-Winkul dentro de su área de influencia, concluyó que sus actividades no influirán significativamente sobre este.
El fallo
Sin embargo, el fallo advierte que, aun cuando en el caso del tránsito de camiones se descarta una alteración significativa a los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos presentes, el compromiso ambiental voluntario 5 “Información respecto de vías preferentes de acceso al proyecto”, no cumple con el estándar del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Ya que, “la obligación referida a la información e indicación de vías de uso preferente no constituye un compromiso verificable, en tanto constituye solo una recomendación o sugerencia a los terceros usuarios del proyecto”.
Una situación similar se genera respecto del compromiso de Rembre de instar a las empresas que presten servicios a utilizar una vía preferente. Según explica el fallo, este compromiso carece de verificabilidad en la práctica, contraviniendo así lo previsto en el artículo 19 letra d) del Reglamento del SEIA, generando como consecuencia una falta de efectividad, porque no se contempla una obligación para el contratista de adoptar la ruta que menos perturbe las actividades en el centro ceremonial.
“De todo lo establecido en la parte considerativa de la sentencia, se concluye que la RCA N.º 548/2021 adolece de un vicio de legalidad, solo en cuanto a la aprobación de los compromisos ambientales voluntarios establecidos respecto a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”, concluye el fallo.
El Proyecto de Rembre consiste en la construcción y operación de una planta de separación y tratamiento para la valorización de residuos no peligrosos, de origen domiciliario, industrial y comercial, además de una línea de trituración de neumáticos fuera de uso. Está localizado en la intersección del camino El Cementerio y calle Las Catalpas, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.
Fuente de la información: Radio Biobío
