Concejales socialistas piden prohibir contratos del Estado con empresas coludidas
Representantes comunales presentaron una indicación para modificar la ley N° 19.882 que no solo implique a las reparticiones estatales sino que también a las municipales.
Una solicitud mediante una carta y una propuesta de indicación, presentaron la mañana de este martes concejales socialistas de la Región Metropolitana para impedir que las empresas castigadas por el delito de colusión participen en procesos de compras y licitaciones públicas.
Los concejales Carola Rivero (Independencia), Paula Mendoza (Ñuñoa), Ismael Calderón (Santiago), Felipe Muñoz (Estación Central), Iván Gajardo (Macul ), María Luisa Figueroa (Cerrillos) y Marco Quintanilla (San José de Maipo) firmaron una propuesta de indicación a la ley N° 19.882, entregada a Hacienda sobre compras públicas, que incorpore la sanción a tales empresas.
Ismael Calderón, concejal de Santiago, señaló al respecto: “hemos solicitado que el Poder Ejecutivo patrocine la modificación a la ley de compras públicas y su reglamento para que el Estado no contrate a empresas que se hayan coludido, el Estado debe velar y proteger los intereses de los ciudadanos”
“La hemos presentado al Ministerio de Hacienda, una indicación a la ley 19.886, que castigue a las empresas coludidas, mediante una propuesta de indicación de ley, que establezca explícitamente el castigo a las empresas coludidas”, señaló la concejala de Independencia Carola Rivero
En tanto, Paula Mendoza, agregó que “la sanción debe ser ejemplar. Esta prohibición para que tenga sentido debiera ser por el mismo tiempo, en el cual sucedió la infracción a la libre competencia. Por ejemplo, en el caso de la colusión del confort que venía desde el 2008, la sanción seria por 7 años”
Los concejales insistieron en la necesidad de hacer frente a los que llamaron “abusos propios de un cartel” y que el Estado y sus instituciones defiendan a los ciudadanos
Para Felipe Muñoz concejal de Estación Central, esto debe ser extensivo a todos los poderes del Estado y también municipalidades, por lo que en conjunto con los demás concejales, “propondremos en los respetivos concejos municipales la posibilidad de impedir, mediante bases de licitación, el contrato con empresas procesadas por casos de colusión”
La concejal de Cerrillos, María Luisa Figueroa, recordó que al estado, “según datos del propio Ministerio de Hacienda”, tuvo contrataciones por US$ 41 millones en el caso de la colusión del confort: “A eso hay que agregar el costo a los ciudadanos durante 7 años, el impacto en la inflación, el costo para otras empresas, las pymes por ejemplo, que no pudieron competir frente a esta colusión”.
Finalmente, el concejal por Macul, Iván Gajardo, señaló que el castigo a las empresas coludidas, es también una suerte de reparación para aquellas empresas que han actuado en forma limpia: “Hay que dar apoyo a otras empresas, muchas de ellas pymes para participar en estos procesos. La Presidenta acaba de señalar que quien traicione el espíritu de la democracia no podrá participar en ella, nosotros queremos decir lo mismo respecto a una libre competencia”, terminó señalando.
Fuente: Lanacion.cl
