Esta semana fuimos testigos de la dramática petición de los adultos mayores, que a través de los medios de comunicación pedían a los delincuentes que cuando los asalten, por favor no les peguen.
También nos enteramos del robo en las oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito en pleno centro de Santiago, donde delincuentes sustrajeron una tablet y dos teléfonos fiscales, además de una cafetera.
Pero en paralelo, el Gobierno recibió con gran entusiasmo las cifras de la misma Subsecretaría de Prevención del Delito, que señalaba que los homicidios habían disminuído un 6% en 2023, por supuesto, gracias a sus acciones que habían logrado frenar el avance de los delitos.
A primera vista, esto podría parecer un logro significativo, una victoria para la seguridad y el bienestar de la sociedad. Sin embargo, al profundizar en los datos y en el contexto en el que se presentan, surgen preguntas importantes.
Lamentablemente, si hacemos un doble click a las cifras, vemos que en realidad no hay una baja estadística relevante entre las muertes por armas de fuego o armas blancas. De hecho, la cifra está estancada, lo que debería preocuparnos, porque significa que las bandas se están asentando y ya no tienen disputas por el territorio.
Lo mismo ocurre con los homicidios en vía pública. Representan 2/3 del total en todo el país y esa cifra se alcanzó en los dos años de este Gobierno.
Es común que los gobiernos utilicen ciertas cifras para mostrar una imagen favorable de su gestión, dejando de lado otros aspectos que podrían ofrecer una visión más completa y precisa de la situación.
Además, la reducción en las cifras de delincuencia debe analizarse en el contexto más amplio de la situación socioeconómica y política del país. ¿Está realmente disminuyendo la delincuencia debido a políticas efectivas y a una mejora en las condiciones de vida de la población, o hay otros factores en juego, como la manipulación de las cifras o la falta de denuncias por parte de la ciudadanía debido a la desconfianza en las instituciones?
Celebrar una reducción en las cifras de delincuencia sin un análisis detallado y crítico puede ser engañoso y contraproducente. Puede generar una falsa sensación de seguridad y llevar a la complacencia, impidiendo así la implementación de medidas efectivas y sostenibles para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.
Por otro lado, la celebración de estas cifras puede tener un impacto negativo en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones gubernamentales. Cuando la población percibe que se están manipulando los datos o se está celebrando un logro que no es realmente significativo, se erosiona la confianza en la transparencia y honestidad del Gobierno.
