Una nueva controversia golpea a Codelco luego de que el diputado Jaime Mulet presentara una denuncia criminal para que se investiguen eventuales irregularidades relacionadas con las cifras de producción reportadas por la estatal durante 2025, antecedentes que podrían derivar en responsabilidades penales.
La acción judicial surge tras conocerse resultados de una auditoría interna que detectó inconsistencias en cerca de 20 mil toneladas de producción de cobre informadas por la empresa. Según los antecedentes conocidos, las cifras reportadas habrían permitido acreditar el cumplimiento de metas institucionales, situación que además estaría vinculada al pago de bonos e incentivos.
En el documento ingresado, el parlamentario solicitó que el Ministerio Público determine si existió una decisión deliberada, coordinada o tolerada destinada a incorporar información improcedente en los registros de producción de la compañía.
La presentación fue formulada sin atribuir responsabilidades específicas, buscando que la investigación esclarezca la veracidad de los antecedentes, determine la existencia de eventuales delitos e identifique a quienes podrían estar involucrados.
Entre las hipótesis planteadas para ser indagadas figuran posibles delitos asociados a administración desleal, fraude al fisco, falsificación documental, uso de documentos falsos, entrega de información incorrecta y eventuales responsabilidades corporativas.
El escrito sostiene que los hechos adquirirían una especial gravedad si se comprueba que existieron mecanismos orientados a aparentar una producción distinta a la efectiva, omitir controles relevantes o respaldar incentivos asociados a objetivos que no se habrían cumplido realmente.
Además, se pidió establecer si la incorporación de toneladas métricas finas reportadas durante diciembre de 2025 tuvo una incidencia directa en los resultados anuales y si aquello influyó en bonos o beneficios internos.
La denuncia también busca aclarar si existió manipulación, ocultamiento de antecedentes o posibles fallas estructurales y reiteradas en los sistemas de control de la estatal.
Con esta acción, ahora será el Ministerio Público el encargado de evaluar los antecedentes y determinar la apertura de diligencias investigativas en un caso que vuelve a situar a Codelco bajo atención pública y política.
