La madrugada del viernes marcó el abrupto fin del gobierno de Dina Boluarte, la primera mujer en asumir la presidencia del Perú y la cuarta mandataria destituida por el Congreso en lo que va de siglo. Su salida no respondió a un escándalo de corrupción —aunque enfrenta varios procesos—, sino a su incapacidad para frenar la ola de crimen organizado que azota al país, según argumentaron los legisladores al declarar su “permanente incapacidad moral”.
El Congreso, dominado por fuerzas de derecha que hasta hace poco respaldaban su gestión, aprobó la destitución con una amplia mayoría de 122 votos a favor, en una de las sesiones más rápidas y unánimes de los últimos años en la convulsa política limeña.
Con apenas un 3% de aprobación, Boluarte ofreció un mensaje grabado desde el Palacio de Gobierno, sin la banda presidencial y acompañada de sus ministros. Aunque aceptó la decisión del Parlamento, su discurso fue interrumpido por todos los canales de televisión, incluido el estatal TV Perú. Minutos después abandonó el palacio en su vehículo oficial, y su paradero fue incierto durante horas, lo que alimentó versiones sobre un posible intento de asilo en embajadas vecinas.
El crimen, punto de quiebre de su mandato
La destitución se sustentó en la incapacidad del Ejecutivo para enfrentar la creciente inseguridad y el avance del crimen organizado, fenómenos que han golpeado con fuerza a Lima y a diversas regiones del país.
Perú registra cifras récord de homicidios, extorsiones y sicariatos. Pese a los estados de emergencia decretados, la violencia continuó en aumento. Aunque Boluarte había prometido una “mano firme”, su política fue percibida como improvisada y sin resultados.
A las críticas por la inseguridad se suman las investigaciones en su contra por presuntos regalos no declarados —entre ellos relojes Rolex—, intervenciones estéticas no informadas y un posible encubrimiento en la fuga del líder del partido Perú Libre, con el que alcanzó el poder junto a Pedro Castillo en 2021.
El golpe político se produjo a menos de seis meses de las elecciones generales previstas para 2026. En su lugar asumió de manera interina José Jerí, presidente del Congreso y militante del partido derechista Somos Perú, quien ejercerá hasta los próximos comicios.
Siete presidentes en nueve años
Con la caída de Boluarte, Perú suma siete mandatarios desde 2016, consolidando su imagen como uno de los países más inestables políticamente de América Latina.
Antes de ella, Pedro Castillo fue destituido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. En 2020, Martín Vizcarra cayó por acusaciones de corrupción; Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 ante una inminente moción de vacancia; y Alberto Fujimori fue destituido en 2000 tras huir a Japón en medio del escándalo de los “vladivideos”.
A ellos se suman Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el fallecido Alan García, todos investigados o condenados por el caso Odebrecht. Un patrón que refleja la fragilidad institucional y el desgaste constante del poder ejecutivo en el país andino.
Perú, entre la desconfianza y la violencia
Boluarte llegó al poder tras la caída de Castillo prometiendo “unidad y reconstrucción”, pero su gestión terminó marcada por la represión de protestas, más de 50 muertos en manifestaciones y once investigaciones fiscales abiertas.
Su salida confirma que la política peruana continúa atrapada en un ciclo de enfrentamientos entre poderes, desconfianza ciudadana y una profunda incapacidad del Estado para garantizar seguridad y estabilidad.
