Aumentar en 1,5% del PIB los ingresos fiscales a través del combate a la informalidad, evasión y elusión tributaria es lo que persigue la nueva Ley de Cumplimiento Tributario. Para lograrlo, otorga nuevas facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII) e incorpora medidas que impactan de manera directa a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), generando cambios en su gestión tributaria.
¿En qué consisten estas modificaciones?
Jorge Morales Guíñez, director Tax & Legal BPO de KPMG en Chile, explica que, para reforzar el control sobre la informalidad, «el SII contará con información proveniente de instituciones financieras, las cuales estarán obligadas a reportarle operaciones cuando se cumplan ciertos umbrales. En particular, se informarán aquellas cuentas que reciban más de 50 abonos de personas distintas, a un mismo contribuyente, en un mes, o bien, 100 o más abonos, de personas distintas, en un periodo de 6 meses, informando el abono agregado».
Por otra parte, impone el registro de identidad en transacciones en efectivo que superen las 135 UF, con el fin de mejorar la trazabilidad y control de operaciones, cuestión recientemente regulada mediante la Resolución Exenta N° 44, del 7 de abril de 2025.
A ello se suma que la administración del Estado, junto con sus organismos, plataformas digitales y proveedores de medios de pago electrónicos, deberán exigir el inicio de actividades como requisito para operar, reforzando la formalización de los contribuyentes. Por otra parte, para agilizar el cierre formal de las Pymes ante el SII, la normativa crea un procedimiento simplificado para el término de giro.
Según el experto, otro punto relevante tiene relación con el cálculo de intereses de las deudas tributarias, donde la nueva ley establece una tasa de interés diaria que se calcula sobre la base del interés corriente aplicable para determinadas operaciones, más un incremento adicional, la que en general, es una tasa bastante inferior a aquella vigente con anterioridad (1,5% mensual).
Para dar una mayor flexibilidad a las Pymes y potenciar la regulación de sus obligaciones tributarias, «la ley facilita el acceso a convenios de pago con un pie o anticipo no superior al 5% de la deuda y hasta 18 cuotas. Al mismo tiempo moderniza las disposiciones sobre la declaración de incobrabilidad de deudas tributarias, mejorando los procedimientos para que los contribuyentes puedan gestionar de manera eficiente sus pasivos fiscales», comenta.
Consultado por de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), Morales señala que «se fortalece mediante nuevas facultades para representarlas en procedimientos administrativos ante la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas, además de brindar representación judicial en casos de vulneración de derechos».
Finalmente, en relación con el combate al crimen organizado, se establecen incentivos para la denuncia anónima de delitos y obliga a los contribuyentes a identificar a los proveedores de artículos usados.
Para Morales, «la nueva normativa representa un avance en la formalización y equidad del entorno empresarial, pero también impone mayores controles y fiscalización para las Pymes. Estos cambios pueden traducirse en un aumento en la carga administrativa y los costos operacionales. Sin embargo, contar con servicios contables y tributarios especializados permitirá a las empresas adaptarse de manera eficiente a este nuevo marco regulatorio, y permitirá también optimizar la administración de la empresa, permitiendo que los emprendedores se concentren en el crecimiento de su negocio».
