PAÍS

Estudio dice que ingresos de migrantes por pasos no habilitados llegan a su máximo histórico en 2021

Las personas que han ingresado a Chile por paso no habilitado sólo desde enero a julio del 2021 ascienden a 23.673, según los datos entregados por la PDI al Servicio Jesuita a Migrantes a través de solicitud de Transparencia.

Este aumento, se presenta en el contexto de medidas administrativas que restringen el acceso regular, intensificadas por el cierre de fronteras producto de la pandemia por covid-19 y la crisis humanitaria y política en Venezuela y en otros países de la región como Haití.

Las cifras oficiales de migración regular no dan cuenta de la realidad en Chile, pues esconden el sustantivo aumento del ingreso de personas por paso no habilitado (IPNH), constante desde el 2010. En dicho año ingresaron 415 personas, luego el 2015 lo hicieron 1.779, en el 2019 lo hicieron 8.048, el 2020 ingresaron 16.848, para llegar con la cifra récord de 23.673 sólo entre enero y julio de 2021.

De estos ingresos, los que mayor incremento registran desde el 2019 corresponden a las personas provenientes de Venezuela y Haití, ambos países con crisis políticas y sociales de gran envergadura. En cuanto a las personas provenientes de Venezuela, en el 2018 se registraron 101 IPNH y en 2021 sólo hasta julio van 17.914, mientras que desde Haití se registraron 19 en 2018, llegando a 800 hasta el mes de julio.

Estos registros, construidos por el Área de Estudios del SJM, a partir de los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI) a través de Transparencia, sólo consideran el registro de personas que se autodenuncian y las que son fiscalizadas (y denunciadas) por la institución, pero no dan cuenta del creciente número de personas que ingresan sin pasar por alguno de estos mecanismos y permanecen “invisibles” para la institucionalidad y políticas del país, sin documentación.

Esa cifra, que no ha podido ser sujeta a medición, aumenta de la mano del incremento en las medidas restrictivas con expulsiones masivas e ilegales, como también por la falta de respuestas institucionales.

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