PAÍS

OVALLE: Detienen a dos ciudadanos bolivianos que se dedicaban a la trata de personas.

Un matrimonio engañaba a sus compatriotas para venir a Chile prometiéndoles un buen trabajo y un alto salario.

 

La Policía de Investigaciones, mediante el Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena, logró la detención de un matrimonio boliviano en Ovalle, el cual se encargaba de engañar a sus compatriotas para venir al país ofreciéndole un buen trabajo y un alto salario.

Según la investigación de los funcionarios, la cual se catalogó como Operación Reloj, tras el ofrecimiento, los postulantes a la supuesta oportunidad laborar tenían que ingresar al país por el Paso Fronterizo Colchane, para así evitar las aduanas sanitarias.

Una vez en la comuna se encontraban con un escenario completamente distinto: condiciones de hacinamiento, explotación laboral y menos sueldo de lo pactado. Para lograr lo anterior, los imputados les retenían las cédulas de identidad para impedir que se fueran.

“El imputado junto a su esposa, recibía a los migrantes ilegales en Ovalle, donde se encontraban con otra realidad y vivían en condiciones precarias que no respondían al compromiso pactado de manera informal», precisó el Subprefecto Germán Cerda, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena.

Por su parte, el Fiscal Regional Adrián Vega sostuvo que «formalizamos a los 2 imputados por el delito de Trata de Personas, porque habría explotación laboral de las víctimas, no se les pagaba lo suficiente, condiciones de hacinamiento y coerción para mantenerlos captados en el trabajo que debían desempeñar».

«Lo que se investiga es como funciona esta cadena, generalmente las empresas contratan intermediadores agrícolas, pero es parte de la investigación que considera todos los detalles”, agregó.

Asimismo, el Prefecto Inspector Ricardo Gatica, Jefe de la Región Policial de Coquimbo, subrayó que “esta operación policial marca un hito porque es la primera vez que se establece el delito de Trata de Personas en la provincia de Limarí. Esto obedece al constante trabajo de control y fiscalización de los extranjeros y es importante porque este delito no tan sólo es la infracción de la Ley, sino que además afecta los Derechos Humanos de los migrantes”.

De esta forma, el tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación, quedando el hombre en prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga, mientras que la mujer quedó con arresto domiciliario total.

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