La familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, refugiado político en Chile, denunció que el primer contingente policial al que se le reportó el rapto actuó con negligencia y no le tomó seriedad hasta dos horas después. El secuestro tuvo lugar el 21 de febrero en la comuna de Independencia, en Santiago. Tras diez días de búsqueda, el cadáver de Ojeda fue encontrado la noche del viernes 1 de marzo, dentro de una maleta y debajo de un bloque de cemento a 1,4 metros de profundidad, en un campamento en Maipú.
La viuda del exmilitar instó a los chilenos a poner atención al caso y «no ceder» la soberanía nacional, respaldando la hipótesis de un presunto móvil político en el crimen. El fiscal Héctor Barros confirmó la participación del «Tren de Aragua», una organización criminal transnacional originaria de Venezuela. Además, un adolescente de 17 años, de nacionalidad venezolana, fue formalizado como el hasta ahora único detenido, y hay otros dos sujetos identificados sobre los cuales se emitió una orden de arresto.
El perfil del exteniente y el modo en que fue secuestrado desataron inmediatas sospechas sobre el posible involucramiento del Gobierno venezolano, que ya ha negado dos veces estar detrás. Ojeda, que se fugó a fines del 2017 desde una cárcel en Venezuela, se encontraba en Chile en calidad de refugiado político. Su nombre figuró en un listado difundido por el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, de 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «implicados en conspiraciones» que incluían el asesinato de Maduro.
El secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, de 32 años, todavía está lleno de preguntas que no tienen respuestas firmes. La investigación continúa para esclarecer los detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.
