La primera autoridad regional, aseveró que “las regiones también son parte del Estado, y específicamente los gobiernos regionales, son parte de este sistema administrativo”.

El Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó, se declare incompatible la defensa judicial del Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministro y Subsecretario de Minería, y que sean los recurridos, quienes asuman sus defensas judiciales.

Cabe recordar que el Gobierno Regional de Atacama, representado por el Gobernador, Miguel Vargas Correa, presentó el lunes 10 de enero un recurso de protección en contra el Ministro de minería y el Subsecretario de Minería con el objetivo de suspender y paralizar la selección, adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para la exploración, explotación de los yacimientos de Litio existentes en Chile, recurso que fue acogido por la Corte de apelaciones de Copiapó, al igual que el presentado por la comunidad indígena Colla Paiote.

Respecto a la solicitud realizada este jueves el Gobernador Miguel Vargas expresó “hemos ingresado en la Corte de Apelaciones de Copiapó un escrito que apunta a que se declare la incompatibilidad de defensa judicial del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministro y Subsecretario de Minería, fundamentalmente porque no puede el Consejo de Defensa del Estado en aras de sus facultades, representar a un órgano del Estado respecto de otro órgano del Estado. El Gobierno Regional que presenta el recurso de protección por las razones ya conocidas, también forma parte de la estructura de administración del Estado. Por lo tanto, no puede el Consejo obviar este elemento tan esencial.

“Las regiones también son parte del Estado, y específicamente los Gobiernos Regionales son parte de este sistema administrativo. Además, al Consejo de Defensa del Estado también le corresponde dentro de sus funciones llevar a cabo la defensa judicial de los organismos públicos, y entre ellos por cierto, todos los gobiernos regionales, por lo tanto no corresponde que en este caso un organismo tan relevante actúe más bien en contra de otro organismo público como lo es el Gobierno Regional”, agregó la autoridad.

Otro aspecto que se consideró relevante, según Vargas, es que “la acción de hacerse parte para representar los intereses del fisco, tiene que ver más bien cuando los particulares inician acciones judiciales o implementan medidas que pueden significar perjuicios o daños patrimoniales para el Estado, y no es este el caso, porque el Gobierno Regional de Atacama lo que ha hecho es presentar un recurso de protección que apunta fundamentalmente a establecer que hay un proceso de licitación por la exploración y explotación del litio que no ha sido bien llevado, que no ha respetado garantías constitucionales y lo explicitamos claramente en los fundamentos de nuestro recurso de protección. Es decir, no estamos aquí cuestionando las facultades que pueda tener el Ministerio de Minería en esta materia, ni estamos diciendo que queremos afectar los intereses del fisco, sino que más bien estamos actuando en favor de los intereses del Estado, porque lo que queremos es que estos procesos se lleven de buena manera, sean consensuados, consideren la opinión de los territorios y es lo que no ha ocurrido precisamente en esta licitación nacional e internacional por la exploración y explotación del litio. Entonces, reafirmamos lo que habíamos dicho a principios de esta semana. No estamos de acuerdo. No nos parece que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en una causa contra otro organismo público como lo es el Gobierno Regional de Atacama”.