Gobierno comenzará a elaborar el proyecto de impuesto a la renta en octubre

El Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric ha anunciado que comenzará a elaborar en octubre el proyecto sobre el impuesto a la renta, como parte del pacto fiscal presentado recientemente. El objetivo es tener listo dicho proyecto para su presentación en marzo de 2024, fecha en la que se podrá volver a legislar sobre esta materia tras el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados a la reforma tributaria original en el mismo mes de este año.

El tercer pilar de la propuesta general del pacto se centra en el fortalecimiento de la administración tributaria y la reforma del impuesto a la renta, enfocándose exclusivamente en empresas y personas de mayores ingresos. La intención detrás de esta medida es avanzar hacia un «sistema tributario que sea ético y justo».

El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, comunicó el cronograma del Ejecutivo, que se divide en tres fases. La primera fase ya está en marcha este mes, mientras que la segunda etapa, que inicia en octubre, contempla el trabajo sobre la reforma de la tributación por renta. Marcel hizo énfasis en la importancia de no esperar hasta marzo para iniciar el proceso de diseño del proyecto de impuesto a la renta, destacando que el trabajo legislativo será importante, aunque no todas las iniciativas propuestas requerirán reformas legales.

El segundo eje de la propuesta se enfoca en priorizar los gastos fiscales en beneficio de las necesidades de la ciudadanía, como en pensiones, salud y seguridad, lo que representa recursos por 8.000 millones de dólares, equivalente al 2,5% del PIB.

A pesar de la iniciativa, aún no se ha determinado una cifra específica para la recaudación esperada por el futuro impuesto a la renta. Primero se deben estimar cuánto espacio fiscal generarán las medidas de estímulo al crecimiento y la modernización de la gestión pública, y luego buscarán cubrir el déficit mediante el mencionado tributo.

El pacto fiscal también incluye otras 20 iniciativas en áreas de transparencia, eficiencia y calidad del servicio del Estado, como el diseño de un marco normativo común y permanente para todas las transferencias a fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), y otras 38 iniciativas para impulsar el crecimiento, incluyendo reformas regulatorias para reducir en, al menos, un tercio los trámites requeridos para la aprobación de proyectos de inversión.