La Criminalidad y la Sensación de Inseguridad por Lautaro Carmona Soto ( Diputado de la República )
En enero, la Presidenta Michelle Bachelet envió el proyecto de ley para “facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación” con la idea de mejorar los procedimientos destinados a la persecución de dichos delitos, disminuirlos mejorando al mismo tiempo la sensación de inseguridad que provocan en la población.
La medición sobre seguridad hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en su informe del 2014, señala que el 25% de la población da cuenta que algún miembro de su familia ha sido víctima de algún delito; el año 2006 marcó 38,4% y el año 2011, bajo el gobierno derecha de Piñera llegó al 31%. En los 10 últimos años la victimización ha bajado en un 10%, es decir, menos personas han sufrido algún delito. Vista esta baja, es bueno subrayar lo importante que es analizar el problema de la inseguridad o sensación de inseguridad en su contexto. No se trata de desestimar el drama vivido por las víctimas de delitos, pero tampoco se puede negar el efecto que generan los medios de comunicación con bloques de noticas donde desmenuzan los delitos con un estilo sensacionalista y muchas veces morboso.
Al momento del ingreso del proyecto a la Comisión de Constitución, legislación, justicia y reglamento, a pedido del Diputado Gutierrez de reemplazarle, participé en la discusión del proyecto en el que se aprobó el aumento de penas y se suspendió el procedimiento de notificación como una función de Carabineros, ya que se habían convertido en verdaderos agentes de las compañías aseguradoras.
Analizando detalladamente el proyecto, hay indicaciones que se convierten en normas populistas, como la detención por sospecha, que ya había sido rechazada en el proyecto denominado “Ley Hinzpeter”, la que establecía la posibilidad de control de identidad “en lugares donde exista riesgo para la seguridad las personas”. En el pleno, la bancada PC – IC aprobó en general el proyecto, pero no así la norma de detención por sospecha, en conciencia que el impacto es de molestia y arriesga un ambiente policial y de discriminación a cualquiera que por su apariencia pueda ser víctima injustamente de una detención. Además, creemos que hoy Carabineros tiene facultades suficientes de solicitar su identificación a cualquier persona y retenerlo para verificar sus antecedentes, en caso que no porte su cédula de identidad.
Habiendo aclarado este punto, en el caso de Copiapó como es sabido históricamente tuvo una muy baja criminalidad, y que con el transcurso del tiempo se ha deteriorado existiendo asaltos, robos, y ahora el inédito hecho de un secuestro, los que generan una sensación de inseguridad muy alta, superior a las estadísticas que hemos presenciado, y que es urgente abordar desde el Estado en conjunto con la comunidad organizada. Por ende, es clave que las autoridades locales promuevan iniciativas tendientes por una parte a prevenir el delito como fortaleciendo el plan cuadrante que permite una respuesta más rápida y eficaz ante el delito, y hacer funcionar las cámaras de vigilancia que actualmente nadie usa por falta de operadores y el vínculo con las respectivas policías. De lo que se trata es apoyar a la comunidad en el trastorno de su vida cotidiana por esta sensación de inseguridad. Por mi parte, siempre estaré disponible para apoyar buenas iniciativas, y esforzarme para presentar otras que sean contributivas en el sentido señalado. Seguiré rechazando la instrumentalización política que hace la derecha. Entiendo que esas son las razones por las cuales han tratado de reprocharme por mi conducta legislativa. Atacama es mi compromiso y siempre seré contributivo a una mejor calidad de vida de las personas, en particular con los desprotegidos y discriminados.
