En una zona donde la Crisis Hídrica es una amenaza latente, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que regulariza el uso de todo el caudal de un afluente del Río Copiapó. La cantidad de agua asignada es similar a la que en una primera etapa pretende entregar la planta desalinizadora que se construirá para satisfacer la demanda sanitaria de la población atacameña.

Conmoción causó la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó  en el juicio de regularización de aguas superficiales del Río Manflas, uno de los tres tributarios del Río Copiapó.

Los ministros Pablo Krumm, Francisco Sandoval, Mirta Lagos y Margarita García ratificaron la sentencia del Primer Juzgado de Letras de Copiapó que el 10 de noviembre de 2014 falló a favor de la regularización de 300 litros de aguas superficiales del Río Manflas.

“Soy de Copiapó, nacido y criado acá. El fallo me parece absurdo. En Copiapó tenemos escasez de agua, no sé dónde cabe en la cabeza de una persona, o de un juez o de los abogados que están aquí metidos fallar a favor de una empresa y quitarle el sustento diario a los trabajadores de nuestro pueblo, de nuestra región”, señaló Alexis Rojas.

A tal extremo llegó la molestia ciudadana que incluso se manifestó entre los jóvenes que se congregan en la Plaza de Armas de la capital regional: El río es algo del país, de la gente, no hay que limitarse y dárselo sólo a uno. Es como si alguien viniera y dijera ‘quiero la plaza’ y la plaza fuera de una sola persona´. Al final eso nos afecta a todos”, criticó el joven Peter Olivares.

En tanto, en la Junta de Vigilancia del Rio Copiapó y sus Afluentes, la noticia fue recibida como un golpe de agua fría. “Es un día negro para el Valle. La justicia ha entregado uno de los afluentes del Río de Copiapó, fuente de vida y de trabajo de nuestra provincia. Nuestra justicia ha cerrado los ojos a la realidad del desierto más árido del mundo, entregando a una empresa la cantidad de agua que pueden utilizar cientos de regantes. El problema grave es que el fallo repite la sentencia de primera instancia y valora solamente las pruebas de Hacienda Manflas, pero no se manifiesta respecto a ninguno de nuestros argumentos”, señaló Juan Carlos González, asesor legal y secretario del Directorio de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes.

Caso Manflas

El conflicto comenzó cuando la agrícola Hacienda Manflas, luego de vender sus pozos, iniciara la regularización de aguas superficiales por 300 litros por segundo, para el riego de 250 hectáreas de cultivos de uva de exportación.

Según los registros de la JVRC, corresponden solo a 144 acciones, las que equivalen a un caudal de 4.2 litros por segundo, lo que dista del agua que aluden poseer desde tiempos “inmemoriales”.

Desde el año 1875, los Derechos de Aguas Superficiales han estado sometidos a turno. En este caso, la agrícola pretende regar sus cultivos de forma continua y permanente sin someterse a las directrices que establece la JVRC a todos sus regantes.

Agrícola Hacienda Manflas Limitada, posee una explotación de 250 hectáreas de parrones, las que siempre habían sido regadas con derechos de aguas subterráneas y superficiales, pues la DGA constituyó derechos de aguas subterráneos por 40 l/s el año 1987, 66.75 l/s el año 1995 y 80 l/s en 1986, derechos que fueron vendidos.

Conflicto en el Valle

De concederse la extracción de los 300 litros por segundo que pretende regularizar Hacienda Manflas, se provocará perjuicio en el Valle, ya que todos se ven afectos a un menoscabo en sus dotaciones de agua y, por ende, en su actividad productiva, salvo el caso particular de Hacienda Manflas, que ha utiliza las aguas del Río Manflas para regar sus cultivos.

Actualmente, la Agrícola no paga sus cuotas sociales por Derechos de Aprovechamiento de Agua y existe la posibilidad de que, si se otorga la cantidad de agua que ellos pretenden regularizar, jamás paguen más que lo correspondiente a 144 acciones.

A juicio del ciudadano Francisco Fritis “las autoridades en ese aspecto están mal, porque tienen más derechos los agricultores para usar el agua del río, no una empresa que lo usa para beneficio propio. Los atacameños no vamos a estar conformes con eso porque está perjudicando a todo el Valle”.

Desde el inicio del juicio, la JVRC ha encontrado trabas para controlar y medir caudales del Río Manflas, ya que se le ha negado el ingreso a la Hacienda Manflas, único acceso al Río. Durante todo ese período sólo ha podido acceder a aforar durante una visita inspectiva que realizaron los concejales de Tierra Amarilla, en septiembre de 2015. Sin esas mediciones, no existe certeza de cuál es el real caudal del Manflas, ya que la estación de medición de la DGA se encuentra aguas debajo de donde se realiza la extracción.

Actualmente cada uno de los 9 distritos de riego recibe 100 l/s. Es decir, regularizar significaría otorgar a un usuario lo que utilizan para sus cultivos casi un tercio de todos los regantes del Valle de Copiapó.

“Es irónico que hace una semana el Gobierno Regional hizo un tremendo esfuerzo monetario de más de 200 millones de dólares para que la ciudadanía pueda contar con 400 l/s y que una semana después los tribunales entreguen, en forma gratuita, 300 litros por segundo a un solo propietario”, sentenció Cristian González, gerente general de la JVRC.