El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó este viernes duras críticas en contra de organizaciones de derechos humanos, medios internacionales y actores políticos globales, asegurando que «un país en paz, sin muertos», como el que asegura haber logrado, “no es rentable” para esos sectores.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario afirmó:
«Está claro que un país en paz, sin muertos, sin extorsión, sin sangre, sin cadáveres todos los días, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros», haciendo referencia al empresario húngaro-estadounidense George Soros.
Bukele añadió que el problema de esos sectores con su Gobierno no es únicamente económico, sino también político:
«Se está convirtiendo en un ejemplo para los demás países: que sí se puede vencer el terrorismo, que sí se puede vivir en paz», expresó.
Estas declaraciones surgen luego de que el medio digital El Faro publicara una entrevista con un presunto líder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, quien asegura que existieron pactos entre estas estructuras criminales y el Gobierno de Bukele. Según la investigación, uno de sus equipos entrevistó a dos cabecillas de dicha organización que, además de haber negociado con actores políticos vinculados al oficialismo, habrían logrado huir del país con la ayuda del propio Gobierno.
La publicación también indica que estos líderes, que alguna vez ingresaron al penal de máxima seguridad encapuchados para recibir instrucciones, revelaron en video detalles sobre supuestos acuerdos que facilitaron el ascenso político de Bukele.
El Faro sostiene que la ruptura de estos pactos habría desencadenado una ola de violencia a fines de marzo de 2022, en la que fueron asesinadas más de 80 personas en un solo fin de semana.
Hasta el momento, ni el presidente ni funcionarios de su administración han reaccionado directamente al contenido de la investigación.
Desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción, instaurado como parte de la “guerra contra las pandillas” impulsada por el Ejecutivo. Esta medida ha sido prorrogada en 38 ocasiones por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, y ha permitido la detención de más de 85.900 personas señaladas como miembros o colaboradoras de estructuras criminales.
Si bien el régimen ha sido ampliamente respaldado por su impacto en la reducción de la violencia, también ha sido objeto de críticas internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluidas muertes bajo custodia estatal. Algunos analistas advierten que el mecanismo se ha transformado en una forma de control social permanente, más que en una medida excepcional.
