La ciudad y el condado de Los Ángeles, junto a varias localidades del sur de California, anunciaron su intención de unirse a una demanda presentada contra la administración del expresidente Donald Trump, a raíz de las redadas migratorias que desataron protestas y la posterior federalización de la Guardia Nacional.
La acción legal fue interpuesta la semana pasada por la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) en representación de cinco personas y organizaciones defensoras de inmigrantes. Según el escrito, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), habría ejecutado arrestos y detenciones “inconstitucionales” con el objetivo de cumplir cuotas arbitrarias impuestas por la administración Trump.
“Sin importar su estatus migratorio ni el color de su piel, todos tienen garantizados los derechos constitucionales para protegerse de detenciones ilegales. Exigiremos cuentas al DHS”, afirmó Mohammad Tajsar, abogado principal de la ACLU.
El martes, autoridades de Los Ángeles y de otras ciudades del condado expresaron su respaldo a la demanda, denunciando lo que califican como “actividades ilegales de aplicación de la ley de inmigración”, las cuales —según indicaron— han implicado persecuciones basadas en raza y etnicidad, así como la negación del debido proceso.
“No podemos permitir que continúen estas redadas y allanamientos inconstitucionales”, declaró la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto. “No pueden convertirse en la nueva normalidad”.
Desde el DHS, la portavoz Tricia McLaughlin rechazó las acusaciones, calificándolas de “repugnantes y categóricamente falsas”. Aseguró que las operaciones son altamente selectivas y se ejecutan con diligencia.
La demanda se presenta tras el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por Trump el mes pasado, en respuesta a las protestas generadas por las redadas. El exmandatario acusó a los líderes locales de haber perdido el control, lo que fue refutado por la alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom.
Bass alertó sobre la gravedad de los operativos migratorios realizados desde el 6 de junio. “Ahora mismo hay una situación en la que la gente camina por la calle, se detiene un coche sin matrícula, salen hombres completamente enmascarados, apuntan con armas a quien sea y se lo llevan”, denunció. “Aparte de que esto es inconstitucional, ¿cómo podemos diferenciarlo de un secuestro?”.
Además del condado y la ciudad de Los Ángeles, otras localidades como Pasadena, Santa Monica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood también buscan sumarse a la demanda, según informó la oficina de la fiscal Feldstein Soto.
