El Gobierno de Perú extendió este sábado, por un periodo de 30 días, el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en ocho distritos de Lima Metropolitana y en toda la provincia del Callao. Así lo establece un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicado en el diario oficial El Peruano.
La medida, que entró en vigor de inmediato, continuará con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, e implica restricciones a derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la libertad y seguridad personales.
Los distritos limeños incluidos en la prórroga son Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, además de toda la provincia del Callao, contigua a la capital.
Entre las restricciones adicionales se mantiene la prohibición para que dos personas se desplacen en vehículos menores, como motocicletas, una medida orientada a prevenir delitos cometidos bajo esta modalidad.
La reducción de distritos bajo estado de emergencia —de 14 a 8— ha generado cuestionamientos por parte de autoridades locales. El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, solicitó que su jurisdicción sea incorporada nuevamente, advirtiendo sobre una posible migración de bandas criminales desde zonas donde sí se mantiene la medida.
En la misma línea, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, criticó que no se haya considerado su distrito ni a Independencia, lo que —afirmó— ha dejado desprotegida a la “franja de Lima Norte”, en la que persisten altos índices de inseguridad.
El estado de emergencia en zonas de Lima y el Callao fue instaurado originalmente en diciembre pasado, como respuesta al aumento sostenido de delitos como homicidios, extorsiones, robos y hurtos, especialmente ligados al crimen organizado.
La declaratoria fue impulsada tras reiteradas protestas de gremios de transporte y comerciantes, quienes denunciaron asesinatos y amenazas por negarse a pagar extorsiones a bandas criminales, un fenómeno que ha persistido a pesar de las acciones implementadas por el Ejecutivo.
