El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, otorgó un plazo de 24 horas a la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para que aclare la aparente violación de la medida cautelar que le impide usar redes sociales, bajo advertencia de prisión en caso de incumplimiento.
La decisión fue motivada por la difusión de videos en plataformas digitales donde se ve al exmandatario pronunciando un discurso ante simpatizantes en la Cámara de Diputados, ocasión en la que también mostró públicamente la tobillera electrónica que debe portar por orden judicial.
Desde el viernes pasado, Bolsonaro está sometido a nuevas restricciones judiciales como parte del proceso en su contra por intento de golpe de Estado, derivado de los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023. Entre las medidas impuestas se encuentran la prohibición de usar redes sociales, conceder entrevistas que puedan ser difundidas por estas plataformas, y la obligación de portar una tobillera electrónica.
El magistrado De Moraes fue enfático al señalar que la difusión de cualquier tipo de contenido audiovisual en redes sociales —incluso si es compartido por terceros— constituye una violación directa de las medidas cautelares. «La prohibición incluye la transmisión, retransmisión o publicación de audios, videos o transcripciones de entrevistas en cualquier plataforma», advirtió el juez.
Durante su visita a la Cámara Baja, Bolsonaro realizó un discurso improvisado ante simpatizantes, en el que volvió a proclamarse inocente y calificó la tobillera como una “humillación máxima”. “No robé las arcas públicas, no desvié fondos, no maté a nadie, no trafiqué con nadie. Esto es el símbolo de la máxima humillación en nuestro país”, declaró ante la prensa.
El incidente terminó en un tumulto que incluyó forcejeos y un diputado herido, en medio del encuentro entre el exmandatario y parlamentarios de la oposición.
Entre otras restricciones impuestas por el Supremo, Bolsonaro no puede salir de su domicilio entre las 19:00 y las 7:00 horas ni durante los fines de semana, no puede mantener contacto con diplomáticos ni acercarse a embajadas, y tiene prohibido comunicarse con otros procesados.
Según el informe de la Policía Federal, existen indicios de que el expresidente habría cometido delitos de coacción, obstrucción a la justicia y atentado a la soberanía nacional. Las investigaciones también señalan que Bolsonaro y su hijo Eduardo, actualmente en Estados Unidos, habrían intentado influir en el Gobierno de Donald Trump para archivar la causa por golpismo.
En reacción al proceso judicial, el expresidente estadounidense anunció un arancel adicional del 50% a las importaciones brasileñas desde el 1 de agosto, argumentando que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y exigiendo el fin inmediato del juicio, que podría llevar al exgobernante brasileño a enfrentar hasta 40 años de prisión.
