El Consejo de Ministros de Alemania aprobó este miércoles un proyecto de ley que permitirá dotar a la Policía Federal con pistolas eléctricas «táser», incorporándolas formalmente como instrumentos autorizados en su equipamiento operativo. La medida deberá pasar ahora al trámite parlamentario.
“Nuestras fuerzas del orden tienen que estar en condiciones de reaccionar de manera rápida y segura en situaciones peligrosas. Con las ‘táser’ damos a la policía un recurso efectivo y controlable sin que tenga que recurrir al uso de armas de fuego”, señaló el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.
Desde 2020, el uso de estos dispositivos fue sometido a una fase de prueba en la que participaron 200 agentes especialmente adiestrados. Durante ese periodo, los dispositivos fueron utilizados en 16 ocasiones, mientras que en 200 casos se usaron como método disuasivo. Según el Ministerio del Interior, el test evidenció una alta aceptación entre los efectivos policiales y ningún uso provocó lesiones que requirieran atención médica.
La implementación nacional de estos dispositivos contará con una inversión de 5 millones de euros prevista en el presupuesto de 2025.
Las pistolas «táser» permiten inmovilizar a un individuo mediante descargas eléctricas a distancia. Aunque se consideran armas no letales, expertos han advertido sobre riesgos para personas con afecciones cardíacas o circulatorias, lo que ha generado discusión pública sobre su seguridad.
La Policía Federal alemana es responsable de la protección de fronteras, estaciones de tren, aeropuertos y edificios públicos, mientras que la seguridad interior depende de las policías de los 16 estados federados.
Debate en Chile por uso de táser
En Chile, el uso de pistolas eléctricas también ha generado un amplio debate. En abril pasado, el Gobierno anunció su incorporación al equipamiento de Carabineros como parte de un plan para fortalecer la seguridad pública. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos y sectores políticos expresaron preocupación por el riesgo de un uso desproporcionado y la falta de regulación adecuada.
Actualmente, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un protocolo que regule su uso, mientras el Congreso analiza proyectos que buscan establecer criterios claros de aplicación, formación y fiscalización, en línea con estándares internacionales.
